SIP: mordaza de libre presión

A propósito del cerco informativo, y para quienes creen que la prensa no juega a sus propios intereses, a los de la clase pudiente y a los del imperio.

José Steinsleger/ 3 y último
La Jornada

Ya no hay "submarinos soviéticos frente a las costas de Chile" (como los honorables diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- "informaban" en los años de 1960 y 1970), ni en Moscú los comunistas desayunan niños importados de Guatemala (como en los de 1940 y 1950).

Declaraciones como la de Chapultepec sobre "libertad de expresión" no permiten tales infundios. Suscrita por la SIP en 1994 y ratificada en su 62 Asamblea Anual que sesionó la semana pasada en México, la declaración abunda en principios como el numeral 9, que dice: "la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, con una clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y comerciales".

Fiel a la causa, El Mercurio de Santiago publicó entonces un extenso documento acerca de la "alianza militar Chávez-Evo" (Morales). El diario nos entera de que "... Venezuela y Bolivia firmaron un amplio y ambiguo acuerdo para construir más de 20 bases militares en la frontera que Bolivia comparte con cinco países, entre ellos, Chile" (8/10/06).

Esta vez el matutino omitió referirse a la presencia de submarinos venezolanos frente a las costas de Bolivia, país que no tiene mar... ¿verdad? Sin embargo, los sagaces reporteros mercurianos apuntaron que un "experto en inteligencia" les habría informado acerca de la "... inestable situación en Bolivia y, obviamente, Chávez quiere asegurarse de que Morales se mantenga en el poder".

Ni corto ni perezoso, el Grupo de Diarios de Las Américas (GDA, Miami, 1994) de la SIP volanteaba simultáneamente un artículo intitulado "Crisis y desunión en Bolivia". ¿Presiones al gobierno de Chile para que retire su eventual apoyo al ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? El volátil, clasista y libérrimo concepto de "libertad" de la SIP resulta tan amplio que se ajusta al preámbulo de la Declaración de Chapultepec: "la libertad es una" y, a la vez, "múltiple".

En octubre de 2003, por ejemplo, la consejera de seguridad nacional Condoleezza Rice ordenaba, vía teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos tras el asesinato de más de 80 personas por la represión policial.

Asimismo, en marzo de 2005 el uruguayo Danilo Arbilla (ex presidente de la SIP) acusó al gobierno argentino de "manejar la publicidad de manera selectiva". ¿Le sugería proceder como el gobierno de Chile, otorgando 77 por ciento de la publicidad oficial a El Mercurio y otros medios del grupo COPESA?

Arbilla dijo que Kirchner trataba "con desprecio al periodismo". ¿Amnesia? Coautor del decreto que en junio de 1973 prohibió en Uruguay la divulgación de todo tipo de información "... que pueda perturbar la tranquilidad y el orden público" (sic), Arbilla se lució como jefe de prensa del presidente golpista Juan María Bordaberry: cerró 173 medios de comunicación, decomisó la revista El Correo de la UNESCO y silenció el brutal asesinato de Julio Castro, director de Marcha.

En la página Web de la SIP figura una lírica introducción al "Banco de datos de leyes de la prensa" firmada por Arbilla. El testaferro cita a John Locke y remata con una frase de James Madison: "Es el pueblo el que puede censurar y jamás el gobierno censurar al pueblo". Arbilla concluye: "Y efectivamente es así: dónde se ha visto que los mandatarios puedan censurar a sus mandantes".

La SIP asegura estar contra las "acciones penales contra periodistas que al informar ponen al descubierto actos de corrupción", como dijo un par de años atrás el argentino Ricardo E. Trotti (otro de sus ejecutivos) en el Tec de Monterrey. Bien. Pero omitió el caso del magnate Ramón Báez, de República Dominicana, dueño de los cuatro diarios principales, 70 estaciones de radio y tres de televisión, y acusado de defraudación a instituciones crediticias por un total de 2 mil 800 millones de dólares.

Dios los cría... y el terrorista mediático Carlos Alberto Montaner los justifica. Aunque en ocasiones, los dueños de la SIP deben abofetear a Montaner para que en sus conferencias le baje al servilismo con los gobiernos de Washington y una venalidad que ni las cluster bombas que destruyen bunkers bajo tierra puede remediar.

Pero a la SIP le encanta la "ética" de los Montaner y los periodistas "independientes" que con fondos federales de Estados Unidos defienden la "libertad" en Cuba. Y, junto a ellos, el decadente olimpo de contratistas intelectuales que al decir del analista Hugo Pressman consienten en ser violados en el supuesto de que "... así mejora la sexualidad y autoestima de la víctima".

En el decenio de 1970 la UNESCO impulsó el derecho de los pueblos a la información. Sofocado por el poder mediático global, el debate fue congelado. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estudia el impulso jurídico de un nuevo derecho: el derecho a la verdad. Un ideal totalmente ajeno a la SIP, cuyo propósito, como hemos visto, consiste en preguntar a sus amos qué debe informar.