lunes, abril 09, 2007

¿Gravar consumo o ingreso?

Rogelio Ramírez de la O
El Universal

Cuando un gobierno aumenta los impuestos al consumo, los más golpeados son quienes más gastan en consumo; cuando aumenta los impuestos al ingreso, los más golpeados son los que mayor ingreso tienen. La pregunta que debe contestar el Congreso en la próxima discusión sobre reforma fiscal es si quiere afectar a los consumidores de ingresos bajos y medios o a los causantes de mayores ingresos.

Estos no sólo son grupos sociales distintos, sino que están en los extremos opuestos de la distribución del ingreso. Hay que adelantar que gravar el consumo necesariamente significa aplicar el IVA a alimentos y medicinas, pues hasta hoy estos productos disfrutan de una tasa cero. La propuesta del PAN ha sido desde 2001 extender la tasa de IVA de 15% a todos los productos que hoy tienen tasa cero. Lo intentó en 2001 y en 2003, pero sin éxito por la oposición del Congreso, siendo decisivo para ello el grupo opositor del PRI. Si ahora el PRI apoyara esta propuesta, tendría que explicar por qué hoy aprueba lo que en 2001 y 2003 reprobó.


Quienes no están de acuerdo con la propuesta del PAN deben esperar una ola publicitaria oficial en favor del IVA en medicinas y alimentos. Además, que muchos medios y comentaristas juzguen con dureza cualquier oposición y exijan propuestas alternativas.


Partiendo de la premisa de que el pago de impuestos hoy es muy bajo (menos de 11% del PIB), cuando en la mayoría de los países es del doble o más, las razones contra el IVA en productos tan sensibles deben llegar al ámbito del Impuesto Sobre la Renta (ISR).


Lo primero es preguntarse quién está contribuyendo. En 2006, según datos oficiales, el IVA contribuyó con 4.2% del PIB, en tanto que el ISR lo hizo con 4.9%. Otros impuestos especiales explican la diferencia con el ingreso tributario de casi 11%, mismos que generalmente se trasladan al consumidor.


Pero hay que ver cómo se compone la contribución del ISR. El auditor fiscal de la Federación acaba de informar que en 2006 las retenciones hechas a asalariados representaron 46% de los pagos de ISR, en tanto que los pagos de las empresas representaron 39%. Los asalariados pagaron 33 mil millones de pesos más que las empresas.


La distribución de esta carga está en sentido inverso a la distribución del ingreso entre trabajadores y empresas. Según el INEGI, el factor trabajo recibe el 30% del ingreso nacional, en tanto que las empresas reciben 59.4%. Las proporciones de ingreso nacional entre trabajadores y empresas son en la mayor parte de los países de la OCDE consistentes con las proporciones de carga fiscal, pero no así en México.


En los mayores países de la OCDE, cuando la contribución de las empresas es más baja que la que debería ser según su participación en el ingreso, es porque se gravan los dividendos y la venta de acciones y activos fijos, pero no es así en México, en donde estas últimas están exentas.


Segundo, sabiendo quién contribuye y cuánto al pago de ISR, debemos preguntar por qué la participación de las empresas es tan baja. La respuesta está en varias facilidades en la ley que les permiten reducir su carga fiscal efectiva o, en lenguaje técnico, diferir el pago de impuestos. Estas facilidades han sido creadas a lo largo de décadas y su justificación aparente es estimular la inversión.


Pero no hay evidencia de que estas facilidades hayan hecho que la inversión salte, pues de haberlo hecho habría mucho mayor crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de los últimos seis años de 2.5% por año no da ningún apoyo a esta tesis. Más importante aún, no porque haya mayores estímulos fiscales habrá mayor inversión. Por el contrario, dichos estímulos son una distorsión aun mayor que la distorsión de la tasa cero del IVA en medicinas y alimentos.


La tercera cuestión es si estas facilidades en la ley pueden eliminarse sin causar un colapso de la inversión. La respuesta es que la inversión no ha dependido de tales facilidades, sino de las perspectivas de crecimiento del mercado. Por otra parte, la mayor parte de la inversión la hacen las empresas medianas y pequeñas mediante la reinversión de utilidades, en tanto que la mayor parte de los beneficios fiscales los aprovechan los grupos empresariales más grandes.


Las facilidades han ayudado sobre todo la compra y venta de grandes empresas por los grandes grupos, incluso en el extranjero, y no necesariamente a la creación de nuevas empresas. No hay más que ver la lista de empresas en la Bolsa de Valores para comprobar que hay menos empresas grandes hoy que a principios de los 90.


La cuarta pregunta es si la eliminación de estas facilidades podría contribuir más a los ingresos que el IVA en medicinas y alimentos. La respuesta está en la estimación oficial del costo de las facilidades fiscales, de 5.4% del PIB, o cerca de 310 mil millones de pesos. De éstos, 58% son facilidades para ISR y 36% son facilidades para IVA. De las primeras, las mayores (35% de todo el gasto fiscal) son para las empresas y 23% son para las personas físicas.

Es muy posible que, por la falta de información sobre quién paga qué, las pérdidas por estas facilidades estén subestimadas.

Hay entonces razones para que quienes no están de acuerdo con el IVA en medicinas y alimentos hagan una propuesta nueva y distinta a la que se ha hecho rutinariamente. De paso, apoyarían a los grupos de ingreso bajo y medio que más sufrirían con el IVA o la tasa exenta (que merece otra nota). Las facilidades a final de cuentas son privilegios. Debemos decidir si queremos privilegios para los grandes grupos o para los consumidores más modestos.


rograo@gmail.com

Analista económico

Sin Tiempo Para las Armas

Gustavo Iruegas

La Jornada
La paciencia nacional no es infinita, pero es mucha. Dura un siglo. Al acercarse la celebración del segundo centenario de la existencia de México como Estado, produce más satisfacción que alarma ver que la reserva de paciencia de los mexicanos se consume más rápido que las reservas probadas en los veneros del petróleo. No son pocos quienes consideran que, ante la desmedida voracidad de la oligarquía y de su gobierno de facto, ya es necesario que el pueblo tome medidas más enérgicas para someterlos. Se reconoce, sin embargo, que el día primero de diciembre las cosas estaban encaminadas a una masacre sin precedente en la historia de México. Se habían aprestado las instituciones armadas contra el pueblo enardecido, pero inerme. No se sugiere la lucha armada ni se hacen planteamientos desmesurados, pero se insiste en la necesidad de ir más lejos en la movilización popular. ¿Cómo y cuánto?, es la pregunta implícita.

Es consustancial a los movimientos populares -máxime a los revolucionarios- tener las probabilidades en contra y el tiempo a favor. Por lo general la preparación ha tomado unos diez años. No diez años de organización secreta y estática, sino diez años de preparación política y de confrontación con los aparatos represivos previos al inicio de la insurrección o de la guerra popular abierta. Después sigue la lucha armada, de cuya duración hay ejemplos que van de los diez días al medio siglo. Los movimientos revolucionarios latinoamericanos de los pasados 50 años, los posteriores a la revolución cubana, experimentaron todas las variables conocidas de la lucha popular: se puso en práctica la tesis del foco guerrillero rural, por contrapartida se intentó la guerrilla urbana, la guerra popular prolongada, la estrategia insurreccional, las zonas liberadas y varias modalidades intermedias. Unos más cruentos que otros, los movimientos revolucionarios más exitosos han sido los que lograron constituirse como un partido político, con un brazo armado y una organización de masas. Ese es el modelo que requiere diez años de preparación y diez años de lucha, aunque no garantiza el triunfo.

En la actualidad latinoamericana avanza la izquierda, más por las victorias electorales de partidos progresistas (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay) que por movimientos revolucionarios triunfantes. En Venezuela y Bolivia prosperan movimientos populares que han alcanzado el poder por la vía electoral y desde ahí intentan construir regímenes revolucionarios enfrentando a las oligarquías nacionales y al imperialismo. Ecuador ofrece grandes esperanzas que aún están por cumplirse. En Nicaragua regresó el partido, pero no la revolución. Aun así, el único movimiento revolucionario triunfante y en el poder es el cubano.

Porque no cabe en ninguno de los esquemas anteriores, el caso mexicano es excepcional. Resistiendo a un gobierno adulterino y procaz, que tiene su leitmotiv en la corrupción, que sirve a una oligarquía asociada a intereses extranjeros, esta lucha es singular: el objetivo es construir una nueva República basada en la ética, la democracia y la justicia; el método es el de la resistencia pacífica; activa, tenaz, intransigente; los instrumentos de lucha -la información, la opinión, la gestión, la administración y la oposición- son también los campos en disputa. Pero la movilización popular es el arma por excelencia de los movimientos de resistencia.

En cuanto a la información y la opinión, la oligarquía y la resistencia popular se han trenzado en una pugna desigual en la que los medios de comunicación lanzan sobre la población un torrente de propaganda política y comercial trastocada y falaz. La respuesta está en los escasos medios propios, modernos y tradicionales y, sobre todo, en la capacidad comunicativa de las masas entre sí, que ya en varias ocasiones ha superado a los monopolios. En la gestión y la administración se entabla la emulación entre la oligarquía y del pueblo. Ellos tienen los más; el pueblo, los mejores. La oposición se ejerce en el Congreso, donde la causa popular queda en minoría ante el partido de la derecha y los que venden sus votos. Ahí la lucha nos lleva más que a los triunfos legislativos a la denuncia de los aviesos proyectos elitistas, y a la fijación de posiciones y el despliegue de los proyectos populares. Aun así, tan señaladas como celebradas han sido las valientes actuaciones de los legisladores progresistas que han dado al traste con el ceremonial corrompido por la ilegitimidad.

La movilización popular, que es el más poderoso instrumento de la resistencia pacífica, encierra diversas líneas de actuación: Las marchas de protesta sirven para demostrar la unidad en el rechazo; las concentraciones atestiguan la capacidad de convocatoria, facilitan la arenga, propician la consigna y alimentan el espíritu de lucha; los plantones obligan a la autoridad y a la oligarquía a reconocer la existencia y soportar la presencia de los resistentes; la interrupción de vías de comunicación exacerba el enojo de las autoridad y de las elites; la ocupación de espacios públicos y de locales sedes de autoridades espurias interrumpe el despacho corriente de los asuntos y demerita el desempeño de quienes detentan la autoridad; el cierre de aduanas, aeropuertos, refinerías, pozos petroleros, secretarías de Estado, juzgados y otros sitios de esa clase impiden, en la práctica, el ejercicio del gobierno. Hay otras muchas formas de resistencia, todas pacíficas, muchas en el borde de la ley, pero dentro de sus márgenes. La imaginación es el límite. Lo que no es permisible es hacer de comparsas de la oligarquía posponiendo la lucha hasta estar listos para combatir con las armas a las tropas que son parte del pueblo. Se debe combatir con las armas propias, que son también las más poderosas: la razón, la verdad, la ética, la presencia y la intransigencia. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para las armas

domingo, abril 08, 2007

Cada “Salvamento del País” Aumenta La Impunidad


Blogotitlan

En 1995 hubo una crisis, supuestamente bancaria, porque los grandes capitalistas recibieron el aviso de Hacienda —entonces a cargo de Jaime Serra Puche, uno de los “doctores de la ley” de Salinas, heredado a Zedillo— de que se aumentaría el margen de flotación del dólar. En unas cuantas horas convirtieron grandes sumas a dólares que desplomaron las reservas del Banco de México a mínimos alarmantes. De pronto, el gobierno federal se encontró con que no tenía divisas suficientes para enfrentar sus obligaciones de pago en dólares.

Este desquiciamiento momentáneo fue pretexto para que las tasas de interés se dispararan y de un día para otro, miles de deudores vieran aumentados sus adeudos con los bancos en forma que los hacía impagables. Gente con capacidad de pago, por ejemplo, de 100 mil pesos, de pronto se vieron endeudados con 200 ó 300 mil pesos, que no sólo rebasaban su voluntad de pagar, sino su capacidad de hacerlo. Lógicamente, la mora fue inmediata y tuvo como consecuencia pelitos judiciales y embargos que llenaron a los bancos de papeles y bienes de deudores, sin que los pudieran convertir a pesos o moneda circulante, por lo que el gobierno federal —en vez de atender el problema en su causa: el alza unilateral de la tasa de interés, la declaración unilateral de mora, el desquiciamiento financiero por la especulación cambiaria, la indiscreción del secretario de Hacienda con unos cuantos especuladores— se enfocó a los efectos del llamado “error de diciembre” y decidió entrar al rescate contable de los bancos con el Fobaproa. Los banqueros, no los deudores, recibieron apoyo del gobierno, o sea, de los mismos deudores.

El Fobaproa fue aprovechado para meter todos los créditos irregulares e ilegales de los directivos bancarios, quienes aprovecharon su posición y el momento, para dejar de pagar lo que habían sacado de sus bancos, y meterlos al Fobaproa como “créditos incobrables”. Todavía hoy, muchos de esos “deudores morosos” bien colocados, siguen gozando de extensas líneas de crédito, jamás fueron reportados al Buró de Crédito, y se dan el lujo de fraguar y financiar un fraude electoral para imponer un Presidente de la República que jamás los llame a cuentas.

Como el Fobaproa tenía muchos cabos sueltos y hoyos por donde se asomaban las largas colas de las ratas, el mismo gobierno —presionado por sus “fuerzas vivas” y más que vivas— decidió desaparecerlo para crear en su lugar el IPAB, el supuesto instituto para la protección de ahorro bancario.

La nueva Ley de IPAB fue muy polémica, especialmente porque significaba reconocer como deuda del gobierno federal, pagadera con cargo al presupuesto público, y porque se presentaba en el contexto de la campaña presidencial del 2000, con un electorado hastiado de las corruptelas y excesos del PRI y que pedía conocer los fraudes cometidos por banqueros, a quienes se “rescataba” con dinero público. El grupo legislativo del PAN, entonces liderado por Felipe Calderón, inicialmente se opuso a tal ley, pero cuando su candidato Vicente Fox transó con Ernesto Zedillo, el voto panista se unió al del PRI para aprobar la mentada ley. El argumento para aprobarla fue impedir que “desaparezca el Sistema Financiero Nacional” (que de todos modos desapareció por la vía de su venta al extranjero), subsidiando a los bancos “rescatados de la quiebra inminente” con pagarés que les rinden altos intereses pagados con impuestos.

PRI y PAN, coludidos, tendieron un manto de impunidad a los banqueros.

Igual contubernio se utilizó para aprobar la nueva ley del Seguro Social, ordenada por el Banco Mundial a fin de impedir que el gobierno siguiera destinando presupuesto a la seguridad social, para que ésta pasara a manos de operadores privados. En este caso el pretexto fue “la descapitalización de los fondos de pensiones”, sin jamás explicar a dónde fueron a parar las reservas que año con año se alimentaban del presupuesto y que debían generar intereses reinvertibles.

El Seguro Social jamás había tenido problemas de liquidez que le permitía construir y equipar hospitales de tercer nivel de atención, con tecnología avanzada, o abrir clínicas rurales; construir y operar centros vacacionales para sus derechohabientes; construir y operar teatros y centros de esparcimiento público, así como guarderías para empleadas y derechohabientes, además de cumplir con las indemnizaciones, jubilaciones y pensiones a que estaba obligado por ley… hasta que llegaron los tecnócratas.

Con el neoliberalismo se inició también un saqueo continuo de las reservas del instituto, que aún hoy no se acepta que sean auditadas —para ver quién y cuándo sacaba recursos—, al tiempo que prácticamente se cancelaba el presupuesto de inversión y sólo se otorgaba, cada vez más mermado, el presupuesto de operación. Ya no se autorizaban nuevas plazas y las que se desocupaban —por jubilación o “retiro voluntario”— quedaban automáticamente “congeladas”, para reducir el monto operativo.

El abasto de medicinas, eterno problema sin solución —más por intereses económicos que por otras razones—, se hizo crítico y los nuevos administradores tecnócratas imponían disposiciones para sujetar a los profesionales de la medicina a nuevos esquemas rígidos que atendían factores financieros antes que médicos. La “administración” sometió a sus caprichos a la ética médica. El derechohabiente se vio sujeto a un limitado Cuadro Básico de medicamentos al que los doctores debían sujetarse.

Pero como esto no era suficiente para retirar el apoyo gubernamental a la medicina social, el Banco Mundial ordenó cambiar la ley, para que los trabajadores aumentaran sus aportaciones, ya no al IMSS directamente (para evitar suspicacias de malos manejos), sino al nuevo instrumento creado por Carlos Salinas, las Afores privadas. De ese modo, el gobierno deja de destinar presupuesto al IMSS, para dedicarlo al servicio de la creciente deuda —principalmente interna—, y se estimula la participación del sector privado en el manejo de esa masa monetaria tan suculenta, por la vía de los bancos y las Afores.

Presentada a la carrera y con muchos errores de planteamiento y operación, pese a la oposición del sindicato del Seguro Social —que por primera vez exigió una Auditoría a las reservas de pensiones y jubilaciones, que supuestamente ocasionaban la crisis financiera del instituto— y de legisladores que sospecharon de la premura con que se quiso aprobar la ley, ésta se aprobó. Y no hubo auditoría, porque habrían salido a la luz los desfalcos a esos fondos de retiro y el verdadero propósito de privatizar los servicios esenciales del Seguro Social, dejando intocada su estructura burocrática que debe autofinanciar sus prestaciones.

Vista la facilidad con que cumplieron las órdenes del Banco Mundial, éste de nuevo ordenó continuar la privatización de otras instancias de seguridad social y otra vez el dúo avieso del PAN y PRI se coludieron para imponer una nueva legislación a los trabajadores del Estado, para suprimirles prestaciones y hacer que ellos mismos financien las que sean ineludibles.

Atropellados, en unos cuantos días presentaron, discutieron y —salvando trámites y discusiones— aprobaron una Ley del ISSSTE que, al igual que la del Seguro Social, sólo pretende quitarle al Gobierno-patrón la responsabilidad de aportar a la seguridad social de sus empleados, a quienes deja a expensas de los buitres bancarios privados.

Sin entrar en averiguaciones para saber dónde quedó la reserva que había, el Gobierno del PAN sólo dijo que el ISSSTE estaba en supuesta “quiebra técnica” y que si no se aprobaba la ley, quebraría completamente, olvidando que: 1) como instancia pública, es imposible que quiebre, pues su objetivo no es lucrar, tener ganancias; 2) que el solícito Gobierno acudió en apoyo a unos cuantos vivales banqueros e “inversionistas” para rescatar los sistemas “bancario” y “carretero” nacionales, a un costo gravosísimo para las finanzas públicas.

Y aquí es donde reside todo el problema. Para pagar los “rescates” a banqueros y acreedores, el Gobierno necesita dejar de asignar presupuesto al IMSS, ISSSTE y tantos otros compromisos públicos, que son la verdadera razón de ser de un gobierno. El dinero que deje de aportar a esas obligaciones legales, el gobierno lo destinará al servicio de los pagarés que ha repartido como volantes, pues a los del IPAB y el rescate carretero, se suman los papeles de deuda interna colocados en las famosas “bursatilizaciones” o Bolsa de Valores. Para hacerse de recursos frescos, por ejemplo, PEMEX colocó papeles de deuda en el mercado de valores, que el gobierno tiene que pagar y ante la baja del petróleo, prefiere arruinar a la ciudadanía que a los especuladores.

Por más que se insistió en que se averiguara dónde quedaron las reservas acumuladas del fondo de jubilación, tanto del IMSS como del ISSSTE, como de las otras instituciones que vayan a “renovarse”, el gobierno prefirió el camino fácil del desprestigio popular —que, según su óptica, puede contrarrestarse con otros torrentes de spots y “cadenas nacionales”— y echar tierra en los peculados de antiguos directores del Seguro Social y en los desfalcos del prominente “gordillista”, hoy destacado legislador del PAN, Benjamín González Roaro, durante su tiempo al frente del ISSSTE, así como en los numerosos créditos del FOVISSSTE que le sirvieron a Elba Esther Gordillo, la dueña del sindicato magisterial, para afianzar su garra sobre esa unión de trabajadores.

Como reza el dicho “muerto el perro, se acabó la rabia”, el desaparecer los antiguos mecanismos de aportación y reserva, se esfuman las posibilidades de auditar las participaciones gubernamentales y, por ende, se refuerza la impunidad de los saqueadores del erario público, de uñas menos largas que su servilismo al nuevo poder hipócrita de la “gente decente y responsable” que “lucha por la vida” fácil y espléndida.

Aumentando la corrupción y la impunidad, es su forma de “salvar al país”.

miércoles, abril 04, 2007

Morir en en la Pobreza

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, Enviados

Desnutrición y muerte por enfermedades curables predominan en la Montaña de Guerrero. Las chozas improvisadas como escuelas son abandonadas por los maestros que no se resignan a la maldición de vivir en la zona más pobre del país. Las mujeres parturientas mueren en las agrestes brechas antes de llegar al hospital más cercano.
Es Cochoapa El Grande, el “subsahara mexicano” que Vicente Fox prometió sacar del atraso y al que ni una promesa cumplió. Contralínea regresa a los municipios más pobres del país, visitados durante la primera mitad del sexenio pasado, donde la miseria, lejos de abatirse, se profundizó.

Cochoapa el Grande, Guerrero. El macilento cuerpo de Apolinar se revuelve debajo de una frazada percudida. Sus grandes ojos no aciertan a mirar fijamente y, delirante, balbucea que padece “tuberculosis”. Los tablones sobre los que yace crujen constantemente y, por momentos, los espasmos del escalofrío dejan ver su torso esquelético.

Enfermó desde agosto pasado. Ya recibió todas las atenciones posibles en esta comunidad de San Pedro El Viejo: rezos y baño de temascal. Como el de Apolinar es un caso difícil, los principales o mayores ya han echado las cartas “para saber por dónde deben rezar”. Reconocen que en “cualquier ratito puede morir el muchacho”, algo que los entristece, pero no los asombra.

Morir por diarrea, parasitosis, gripe, parto, infecciones en las vías respiratorias o “tuberculosis”, sarampión y mordeduras de víbora de cascabel, es para ellos un designio inescrutable al que todos los habitantes de esta comunidad nu’saavi o mixteca están expuestos. Una semana antes, y después de meses en cama, murió Micaela Rodríguez, de 35 años. El diagnóstico de los principales, o viejos, de la comunidad fue: “tuberculosis”.

Bajo el sol del mediodía y una temperatura que supera los 30 grados centígrados, una docena de niños desnudos, infestados por parásitos, acarrean los adobes que los mayores hacen vehementemente. María, de cinco años, recarga el ladrillo en su enorme y grotesco vientre. Su cuerpo rojizo y silencioso se mimetiza con la pila de adobes y con los adustos y desolados cerros de esta Montaña de Guerrero.

Las palabras de Margarita Martínez Cruz fluyen como de por sí se escucha la lengua nu’saavi: como un susurro que intenta contener la desesperación y el enojo. Entre sus brazos retiene a su hijo Manuel Castillo Martínez. El infante, de dos años de edad, se retuerce sin abrir los ojos. Las fuerzas no le alcanzan siquiera para llorar. Apenas jadea y lanza débiles quejidos por una boca amarillenta y pastosa por la tortilla remojada que su madre le introduce a la fuerza.

A través de Paulino Ruiz, el único habitante de esta localidad que entiende y habla con dificultad el español, Margarita explica que Manuel nació en los campos de Culiacán, Sinaloa, adonde se trasladaba toda la familia cada año y hasta por cuatro meses para trabajar como jornaleros. Ahora sólo se van su esposo y sus hijos mayores. Dice que el menor casi siempre ha estado enfermo y que “estuvo muerto” tres semanas en un hospital de Culiacán.

El mal actual lo aqueja desde mayo pasado. Como todos los que padecen “tuberculosis” en San Pedro el Viejo, no tiene apetito y su cuerpo flácido ha adquirido una tonalidad blanquecina. El único alimento al que su desmayado organismo puede aspirar, como cualquier persona de esta comunidad, es la tortilla.

Tanto Apolinar como Margarita descartan trasladarse al hospital de la ciudad más cercana. Con incredulidad y hastío responden parcamente que no tienen dinero suficiente para tener tal lujo. Saben que la brecha que los separa del “derecho a la salud” es infranqueable. Y es que, como herida abierta en uno de los pliegues de la montaña guerrerense, San Pedro El Viejo está lejos de todo.

No sólo se trata de la ausencia de carreteras, dinero para pagar el transporte y al menos siete horas de viaje: tampoco hablan español. Antes de morir en el camino o en medio del desprecio de los hospitales, que no cuentan con traductores, prefieren expirar en sus casas “y ahorrarle gastos” a sus familias.

En San Pedro El Viejo hay una solitaria y decrépita “casa de salud” que es visitada por una brigada médica, a decir de los lugareños, cada dos meses. No cuenta con medicinas ni con una sola herramienta médica. Sólo ostenta, a un costado de la apolillada puerta de tablones, un descolorido y polvoriento cartel propagandístico de la Secretaría de Salud en el que apenas se puede leer la leyenda: “Donde tú estás, está tu salud”.

En caso de accidente o enfermedad grave, los “pedreros” tienen que improvisar camillas y contratar una camioneta para trasladar al paciente por una brecha agreste. El tiempo de traslado depende de la temporada del año: entre más humedad haya, más demorará el trayecto. En época de estiaje, salir del corazón de la montaña puede llevar cuatro horas a un conductor habilidoso. En temporada de lluvias, el mismo recorrido supera las nueve horas. Durante agosto y septiembre no hay manera de transitar por los sinuosos caminos montañeros que se convierten en fangos de barro.

Los habitantes de San Pedro El Viejo deben contratar por 3 mil 500 pesos una camioneta que los saque de sus comunidades. A eso se suma el pago de alimentos en Tlapa u Ometepec de los acompañantes del enfermo. Ni pensar en alquilar algún cuarto para pasar la noche. Con naturalidad aceptan dormir, encobijados, en las calles, parques y portales de los palacios municipales. Seguramente deberán comprar la medicina que requiere su paciente.

“Por eso estos enfermos ya no salen. Porque además saben que se van a marear en el camino, no van aguantar y se van a morir. Harán gastar a sus familiares para nada y harán que gasten más por el traslado del cuerpo”, explica Paulino Ruiz.

Cruz Verde

El comisario de esta comunidad, Teodoro Amado, señala una choza carcomida y desvencijada. Muestra la “escuela” de los niños de la parte más alta y fría de la Montaña. Del paisaje de coníferas apenas resalta la cabaña abandonada.

Sobre la puerta principal, los pobladores han recargado decenas de adobes que -dicen orgullosos- serán para la construcción de una “casa de médico”. A través del intérprete Florentino Aguilar, agregan que en este pueblo ningún gobierno ha realizado una sola obra social. Sus espacios comunitarios los han construido con sus propias manos.

Por ello, la iglesia, la comisaría y la “escuela” están modestamente construidas con adobe, tablones y láminas de cartón. Como sus vecinos de San Pedro, los de Cruz Verde sólo comen tortilla, salsa, yerbas “y a veces frijolitos”.

Contralínea visitó esta comunidad en diciembre de 2003 (ver número 23). El último maestro que dio clases en la “escuela” se había marchado hacía tres meses. Entonces los pobladores mostraron el interior de su “plantel” ante los rostros jubilosos de los niños de entre seis y 10 años que corrieron por sus cuadernos y se formaron para “hacer honores a la bandera”.

Hasta ahora los hombres la vuelven a abrir. Como los adobes prácticamente han clausurado la puerta, desclavan dos costeras y descubren polvorientos papeles que se deshacen al tacto, paredes cubiertas por telarañas y libros carcomidos. Pero ahora apenas hay unos cuantos niños y nadie solicita, como entonces lo hicieron, instrumentos musicales para una banda infantil. La mayoría partió, junto con sus padres, a trabajar a los campos del municipio de Culiacán, Sinaloa.

“No pueden irse a trabajar aquí cerca, como a Ometepec o a Tlapa, porque no dejan trabajar a los niños. Allá en Sinaloa sí lo permiten”, explica Teodoro Amado.

Dos Ríos

El pueblo se reúne a la llegada de cualquier visitante. Dialogan con los fuereños como si los hubieran estado esperando por años. El arribo de forasteros provoca que a través de un altavoz -ya cuentan con energía eléctrica- se realice una convocatoria que termine por reunir a todos los hombres adultos y algunas mujeres. Pareciera que esperar es la principal actividad de quienes en esta comunidad de la parte más calurosa y tropical de la Montaña no han partido a la pizca de frutos exóticos en Sinaloa o Baja California.

En los pueblos montañeros nadie habla por sí mismo ni para beneficio particular. Todos están de acuerdo en lo que necesitan y cualquiera puede decir a los visitantes sus principales carencias, pero no hablan hasta “hacer reunión”. El comisario Modesto Esteva Cano inicia la exposición que termina en interminables diálogos, donde por momentos todos hablan atropelladamente.

En esta comunidad, cercada por dos ríos que en época de lluvias no les permite salir, no hay agua potable. Carecen de casa de salud y reciben la visita de un médico cada 15 días. Dicen que cuando el médico no está y algún integrante de la comunidad cae enfermo, comienzan los rezos. Denuncian que los maestros sólo dan clases tres días consecutivos y luego se ausentan por 15 o 20. No cuentan con biblioteca y, como a los demás pueblos montañeros, la pregunta les causa asombro y sonrisas.

A este pueblo sí llegan, aunque irregularmente, los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Cincuenta mujeres reciben 290 pesos cada dos meses del programa Oportunidades; sin embargo, lo reclaman más de 100. En el Procampo sólo están inscritos ocho padres de familia de un total de 150.

A diferencia de la última visita de Contralínea, ahora hay al menos una tienda en la comunidad. Se consumen refrescos y, sobre todo, cervezas. La llegada de la comida chatarra no los hizo menos pobres, pero los embases de plástico se acumulan como basura a la orilla del camino.

Los más pobres

Luego de un sexenio de promesas, estas comunidades siguen encabezando la lista de las más pobres del país. Los nu’saavi de la Montaña se sienten defraudados porque poco o nada se cumplió. Ya eran las más pobres del país cuando pertenecían al municipio de Metlatónoc. Ahora que son parte de Cochoapa El Grande también encabezan la lista de las paupérrimas del país, según el Índice de Desarrollo Humano del Consejo Nacional de Población.

El territorio de Cochoapa El Grande es de 690 kilómetros cuadrados a una altitud promedio de mil 605 metros sobre el nivel del mar. Lo habitan 15 mil 600 personas distribuidas en 120 comunidades; el 76 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta; el 94 por ciento de las viviendas no cuenta con drenaje; el 61 no tiene energía eléctrica y el 87 por ciento de las familias obtiene ingresos inferiores a los dos salarios mínimos.

El decreto 588 mediante el cual se creó el municipio de Cochoapa El Grande fue publicado por el gobernador René Juárez Cisneros en el periódico oficial del gobierno del estado el 10 de diciembre de 2002. La designación del primer ayuntamiento se realizó el 12 de abril de 2005. Como presidente resultó Santiago Rafael Bravo, antiguo opositor a la creación del municipio.

A decir de los lugareños, no es común encontrar al presidente municipal en la localidad. Transportistas, policías, regidores, síndico y secretario de gobierno reconocen que Santiago Rafael casi nunca despacha en la oficina de la presidencia. Todos coinciden en que el presidente pasa semanas en Chilpancingo antes de visitar por algunos días la cabecera municipal que dice gobernar.

El síndico Guillermo Flores Lorenzo admite que las escuelas de esta cabecera no son suficientes para atender siquiera a los más de mil niños de esta localidad principal. Oficialmente quedaron fuera 120 “porque ya no hubo cupo”, pero estima que el número es aún mayor porque “muchos ni siquiera se registraron y otros estaban con sus padres en Sinaloa cuando fueron las inscripciones”.

Por supuesto, señala que en la mayoría de las comunidades que dependen de esta cabecera no hay escuelas y no hay cifras sobre los niños que realmente se quedan sin estudios. Reconoce que son la mayoría.

Flores Lorenzo también dice que el servicio médico no tiene la capacidad de atender la demanda ni de la cabecera ni de las demás comunidades dependientes. Solicita recursos económicos para la creación de una clínica de especialidades en ginecología y pediatría. Sin embargo, lo que el ayuntamiento construye -a iniciativa del presidente municipal- es un fastuoso palacio que tendrá un costo de entre 12 y 15 millones de pesos.

Una misión de la congregación de monjas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, encabezada por Silvia Rodríguez Aguilar, ofrece servicios de salud y de educación abierta. Las monjas tratan de brindar las atenciones que los tres niveles de gobierno municipal no pueden ofrecer.

Los niños de San Pedro El Viejo observan silenciosamente y con curiosidad a los fuereños que acarrean tabiques y preparan mezcla de cemento, grava y arena. La cuadrilla a cargo del arquitecto José Vélez construye la primera obra en la localidad impulsada por los gobiernos municipal y estatal: una iglesia que ya se erige imponente sobre las insignificantes chozas de tejamanil y láminas de cartón.

Al cierre de esta edición una brigada médica móvil de la jurisdicción de la ciudad de Tlapa se dirigía a la comunidad asolada por la “tuberculosis”. El médico a cargo del grupo, Gerardo de los Santos, reconoce que es urgente la creación de un hospital en esta zona de la Montaña.

En Cochoapa sólo hay derecho a la muerte

Los paupérrimos pueblos de la Montaña de Guerrero agonizan sin derecho a salud, educación ni alimentación; mucho menos a justicia, vivienda digna o vestido. Para ellos no hay instituciones ni programas que los incorporen a los servicios que supuestamente garantiza la Constitución a todos los mexicanos.

El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que para la población de la zona más pobre del país, mayoritariamente indígena, no hay “espacios” que le permitan acceder a los derechos humanos. “Hay una ausencia de autoridad y una descomposición de las instituciones por la corrupción y la impunidad”.

Agrega que los nu’saavi, me’pha, nahuas y mestizos de la Montaña no saben que existen las secretarías de Asuntos Indígenas y de la Mujer (ambas del gobierno del estado de Guerrero).

“Y si lo saben, piensan: ‘Qué bueno que existan pero para mí eso no tiene ninguna incidencia ni significa nada porque yo sigo enfermo y no tengo acceso ni a una pastilla, un suero antialacrán, ni a que me tomen la presión o me pongan un termómetro para saber cuánto tengo de temperatura’. Para ellos el derecho a la salud es un petate en la tierra, que es el derecho a la muerte.”

El fundador de la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort y que trabaja con las comunidades de la Montaña y la Costa Chica, dice que la miseria se ha convertido en una característica inevitable de quien vive en las comunidades de Cochoapa El Grande, Metlatónoc o Alcozauca.

“El problema histórico de la Montaña es esta pobreza tan profunda que está en el corazón de los pueblos como si fuera una segunda naturaleza. Cuando decimos montañero, pensamos en la persona andrajosa, que lleva más de una semana sin poder bañarse, que no sabe qué es comer una pierna de pollo. Esto en lugar de revertirse se va profundizando. La gente se va ahogando en la pobreza, en el olvido, en la discriminación, en la violencia.

“Eso en realidad es un drama que en pleno siglo XXI no es tolerable en nuestro país pero que desgraciadamente no se está revirtiendo. La descomposición, empobrecimiento y deshumanización es lo que florece en esta escarpada Montaña.”

martes, abril 03, 2007

Hipócritas

Ricardo Rocha

El Universal

02 de abril de 2007

Hoy estamos viviendo uno de los debates mas absurdos y vergonzosos de que se tenga memoria. El aborto ha venido a polarizar todavía más a una sociedad ya de por sí confrontada por el 2 de julio y sus secuelas de rencores y odio: de un lado, quienes defienden el derecho a la vida de miles de mujeres que cada año mueren en este país por criminales abortos clandestinos; del otro, los que invocan la religión para condenar y hasta excomulgar a quienes pretenden despenalizar el aborto.


Un debate que, por supuesto, está ideologizado y partidizado: acá, priístas, perredistas y organizaciones no gubernamentales de centro-izquierda exhibiendo los extremismos del partido en el poder; enfrente, el PAN, el gobierno, la jerarquía católica y anexos desgarrándose las vestiduras pero intentando demostrar quién manda en este país.


Los argumentos por la despenalización son contundentes: es un gravísimo problema de salud pública con graves consecuencias individuales, sociales y hasta económicas para la nación; nadie puede imponerse al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad; hay un cúmulo de argumentos científicos que descartan que antes de las 14 semanas de embarazo se pueda hablar de un ser humano integral; aun filósofos y teólogos como Hans Kung -de reciente visita en nuestro país- han afirmado que el embrión en esa etapa no puede ser todavía considerado como persona, que el aborto beneficia a las mujeres más pobres y que la Iglesia debería tener una posición de misericordia, porque oponerse al aborto no es una actitud cristiana.


Simultáneamente, se ha dicho una y otra vez que esta ley -ahora a discusión en la Asamblea- no obliga ni sugiere a la madre a abortar,; simplemente eliminaría las penas a quienes lo hagan. En sentido contrario, los "argumentos" son absolutamente insostenibles y se limitan a las mismas cantaletas moralinas de siempre: estar en favor de la vida; defender la existencia de inocentes o el súmmum de la nueva filosofía chespiritense de la derecha: "abortemos la ley, no la vida". Las "razones" no se quedan atrás: "habrá violencia", amenaza el cardenal Rivera; "habrá sangre", desafía el señor Serrano.


Pero lo peor para voceros y vocingleros antiaborto es que no hay uno solo que tenga calidad moral para defender una postura de seudoética pública. Y es que están contra el aborto los panistas que jamás se han molestado en protestar por Aguas Blancas, Acteal o las muertas de Juárez; que no han hecho gestos con sus alcaldes asesinos como el de Atizapán; que encubrieron el fraude de 30 millones del ya mencionado provido Jorge Serrano Limón; que ahora comulgan con don Norberto, quien está indiciado en Los Ángeles por proteger al cura Aguilar, quien afirma que "es una exageración decir que violé a 90 niños". Los mismos panistas que tienen como gurú espiritual al padre de todos los pederastas Marcial Maciel, al que el Vaticano tuvo que encerrar porque es un sujeto de alta peligrosidad.


Así, pues, con qué cara los panistas y los jerarcas católicos nos pueden hablar de caridad cristiana. Si vienen de una Iglesia que empareda por miles los fetos en los muros de sus conventos; que masacró a los cátaros porque querían regresar a la austeridad de Jesús; que sólo en los últimos 50 años y nada más en Estados Unidos ha sido acusada de más de 10 mil abusos sexuales contra niñas y niños por parte de 5 mil de sus sacerdotes, por lo que ha tenido que pagar casi 700 millones de dólares en indemnizaciones. Si en México se abrieran las denuncias, también sumarían miles.


Lo grave es que la larga agonía de esas violaciones y luego la destrucción en vida de la existencia de esas víctimas jamás ha provocado el menor rechazo o protesta de quienes ahora se asumen hipócritamente como defensores de la moral y las buenas costumbres.


En suma, si la mayoría en la ALDF se deja intimidar y amedrentar por los nuevos inquisidores malhechos, habremos retrocedido siglos de historia. Ahora sí se aplastaría el estado de derecho. No puede ni debe haber titubeos en un acto de estricta justicia.


ddn_rocha@hotmail.com

Garantía de Impunidad

Rosario Ibarra

El Universal

3 de abril de 2007

"...Se me quitó la certeza de lo que dijo". Tal fue la opinión de quien preside nada menos que el Instituto Nacional de las Mujeres , en relación a lo expresado -antes de morir- por la anciana Ernestina Ascencio Rosario.

No le queda a los millones de mujeres maltratadas que hay en México una migaja de esperanza en que sus quejas sean atendidas por tal "instituto". Y es que, como se divulgó por muchos medios, la mujer de 73 años, originaria de Zongolica, murió a consecuencia de la violación tumultuaria que sufrió y que antes de expirar señaló a un grupo de soldados como sus agresores.

Leí por allí en un diario que la señora directora antes mencionada dijo: "Primero me indignó; hice una declaración de que se vaya hasta las últimas consecuencias, sean militares o civiles". pero. pero. ¡caray! Lo que agregó es terrible y lo transcribo: "pero después de ver el boletín de la CNDH, donde ya es determinante lo que pasó, se me quita la certeza sobre lo que ocurrió". Bueno, es dificilísimo, por no decir imposible, el que la certeza pueda quitarse, "diluirse" y, además, a partir de ese "boletín" (si quedaba duda de otros), ya no se podrá creer en cosa alguna que exprese la aludida Comisión Nacional de Derechos Humanos. Destaqué la palabra certeza, porque su significado (según Larousse) es certidumbre, certitud; es el conocimiento seguro, claro y evidente de las cosas.

La experiencia de muchos miles de mexicanos da la razón a la familia de Ernestina Ascencio. Miles de mexicanos hemos sufrido represión de parte de fuerzas del gobierno mexicano, y la respuesta a nuestras quejas y denuncias ha sido la burla, que no es otra cosa que la impunidad de que han disfrutado los agresores, y lo hecho por la CNDH, confirma lo que siempre opinamos de ella: que es un escenario, y la tramoya completa para esconder los desmanes de los distintos gobiernos (intriga, trama, engaño).

Los familiares de los desaparecidos políticos nunca tuvimos confianza en la multicitada CNDH, porque fue hechura de Salinas de Gortari, de quien nada tenemos que decir que no lo sepa el pueblo mexicano que tanto sufrió durante su mandato. La CNDH quedó en el sexenio zedillista poco menos que difunta, hasta que llegó el señor de la transición y del cambio imposible y la levantó de su letargo con el señor Soberanes a la cabeza.

Repito, no acudimos a sus oficinas ni llamamos a nadie, pero congruentes que solemos ser, en el momento en que se nos dijo que el ombusdman estaba amenazado por la PGR de que iba a ser "detenido por difamación", nos ofrecimos a ser parte de su defensa y continuamos una relación respetuosa con él y con todo su equipo, pero. pero. (otra vez los peros) a partir del "informe" sobre Oaxaca, volvió a inquietarnos su manera de actuar, y con este asentimiento del titular de la comisión, con esa su adhesión incondicional a las opiniones del señor Calderón, "nunca más" (como dijo el hermoso cuervo inmortalizado por Edgar Allan Poe.)

Desde el inicio de estos dolorosos asuntos -Oaxaca y Zongolica- nosotros, familiares de los desaparecidos del Comité ¡Eureka!, hemos sido solidarios con sus reclamos. Hoy unimos nuestras voces a las de los hijos de la anciana ultrajada y asesinada: Julio, Francisco, Martha, Juana y Carmen Inés. Junto a ellos gritamos al mal gobierno que respete la memoria de su madre y que no les llame mentirosos, que afirman que su madre era una mujer sana.

Por nuestra parte añadimos que jamás la mentira oficial podrá dar a los represores del pueblo, porque no lo permitiremos, la infamia que pretenden: garantía de impunidad

Dirigente del Comité ¡Eureka!