¿Gravar consumo o ingreso?

Rogelio Ramírez de la O
El Universal

Cuando un gobierno aumenta los impuestos al consumo, los más golpeados son quienes más gastan en consumo; cuando aumenta los impuestos al ingreso, los más golpeados son los que mayor ingreso tienen. La pregunta que debe contestar el Congreso en la próxima discusión sobre reforma fiscal es si quiere afectar a los consumidores de ingresos bajos y medios o a los causantes de mayores ingresos.

Estos no sólo son grupos sociales distintos, sino que están en los extremos opuestos de la distribución del ingreso. Hay que adelantar que gravar el consumo necesariamente significa aplicar el IVA a alimentos y medicinas, pues hasta hoy estos productos disfrutan de una tasa cero. La propuesta del PAN ha sido desde 2001 extender la tasa de IVA de 15% a todos los productos que hoy tienen tasa cero. Lo intentó en 2001 y en 2003, pero sin éxito por la oposición del Congreso, siendo decisivo para ello el grupo opositor del PRI. Si ahora el PRI apoyara esta propuesta, tendría que explicar por qué hoy aprueba lo que en 2001 y 2003 reprobó.


Quienes no están de acuerdo con la propuesta del PAN deben esperar una ola publicitaria oficial en favor del IVA en medicinas y alimentos. Además, que muchos medios y comentaristas juzguen con dureza cualquier oposición y exijan propuestas alternativas.


Partiendo de la premisa de que el pago de impuestos hoy es muy bajo (menos de 11% del PIB), cuando en la mayoría de los países es del doble o más, las razones contra el IVA en productos tan sensibles deben llegar al ámbito del Impuesto Sobre la Renta (ISR).


Lo primero es preguntarse quién está contribuyendo. En 2006, según datos oficiales, el IVA contribuyó con 4.2% del PIB, en tanto que el ISR lo hizo con 4.9%. Otros impuestos especiales explican la diferencia con el ingreso tributario de casi 11%, mismos que generalmente se trasladan al consumidor.


Pero hay que ver cómo se compone la contribución del ISR. El auditor fiscal de la Federación acaba de informar que en 2006 las retenciones hechas a asalariados representaron 46% de los pagos de ISR, en tanto que los pagos de las empresas representaron 39%. Los asalariados pagaron 33 mil millones de pesos más que las empresas.


La distribución de esta carga está en sentido inverso a la distribución del ingreso entre trabajadores y empresas. Según el INEGI, el factor trabajo recibe el 30% del ingreso nacional, en tanto que las empresas reciben 59.4%. Las proporciones de ingreso nacional entre trabajadores y empresas son en la mayor parte de los países de la OCDE consistentes con las proporciones de carga fiscal, pero no así en México.


En los mayores países de la OCDE, cuando la contribución de las empresas es más baja que la que debería ser según su participación en el ingreso, es porque se gravan los dividendos y la venta de acciones y activos fijos, pero no es así en México, en donde estas últimas están exentas.


Segundo, sabiendo quién contribuye y cuánto al pago de ISR, debemos preguntar por qué la participación de las empresas es tan baja. La respuesta está en varias facilidades en la ley que les permiten reducir su carga fiscal efectiva o, en lenguaje técnico, diferir el pago de impuestos. Estas facilidades han sido creadas a lo largo de décadas y su justificación aparente es estimular la inversión.


Pero no hay evidencia de que estas facilidades hayan hecho que la inversión salte, pues de haberlo hecho habría mucho mayor crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de los últimos seis años de 2.5% por año no da ningún apoyo a esta tesis. Más importante aún, no porque haya mayores estímulos fiscales habrá mayor inversión. Por el contrario, dichos estímulos son una distorsión aun mayor que la distorsión de la tasa cero del IVA en medicinas y alimentos.


La tercera cuestión es si estas facilidades en la ley pueden eliminarse sin causar un colapso de la inversión. La respuesta es que la inversión no ha dependido de tales facilidades, sino de las perspectivas de crecimiento del mercado. Por otra parte, la mayor parte de la inversión la hacen las empresas medianas y pequeñas mediante la reinversión de utilidades, en tanto que la mayor parte de los beneficios fiscales los aprovechan los grupos empresariales más grandes.


Las facilidades han ayudado sobre todo la compra y venta de grandes empresas por los grandes grupos, incluso en el extranjero, y no necesariamente a la creación de nuevas empresas. No hay más que ver la lista de empresas en la Bolsa de Valores para comprobar que hay menos empresas grandes hoy que a principios de los 90.


La cuarta pregunta es si la eliminación de estas facilidades podría contribuir más a los ingresos que el IVA en medicinas y alimentos. La respuesta está en la estimación oficial del costo de las facilidades fiscales, de 5.4% del PIB, o cerca de 310 mil millones de pesos. De éstos, 58% son facilidades para ISR y 36% son facilidades para IVA. De las primeras, las mayores (35% de todo el gasto fiscal) son para las empresas y 23% son para las personas físicas.

Es muy posible que, por la falta de información sobre quién paga qué, las pérdidas por estas facilidades estén subestimadas.

Hay entonces razones para que quienes no están de acuerdo con el IVA en medicinas y alimentos hagan una propuesta nueva y distinta a la que se ha hecho rutinariamente. De paso, apoyarían a los grupos de ingreso bajo y medio que más sufrirían con el IVA o la tasa exenta (que merece otra nota). Las facilidades a final de cuentas son privilegios. Debemos decidir si queremos privilegios para los grandes grupos o para los consumidores más modestos.


rograo@gmail.com

Analista económico