martes, agosto 31, 2010

Trato desigual....

Denuncia Rosario Ibarra ante PGR a Echeverría por desaparición forzada


Lo señala por el caso de su hijo Jesús Piedra Ibarra, cuyo paradero se desconoce desde 1975.

La Jornada

La senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó este martes una denuncia en la Procuraduría General de la Repúblidca contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, por la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra.

La también activista precisó que si bien el ex mandatario fue investigado por su responsabilidad en la matanza estudiantil de 1968 -durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz-, hasta ahora no se ha indagado lo relativo a la práctica de la desaparición forzada ejercida contra cientos de luchadores y militantes políticos durante su sexenio.

El colectivo "Eureka", el cuál ella encabeza, está conformado por familiares de activistas desaparecidos durante la administración de Echeverría. En abril de 1975, el hijo de la actual legisladora del PT fue detenido y desde entonces se desconoce su paradero.

En el marco del Día Internacional del Desaparecido, Rosario Ibarra decidió presentar formalmente la denuncia penal, y con ello resaltar la grave situación de injusticia que persiste en el caso de muchos desaparecidos políticos quienes no han sido presentados ni liberados, y los responsables permanecen en la impunidad.

Mensaje AMLO 30 de agosto del 2010

miércoles, agosto 25, 2010

Haciendo Camino, hoy 7:00 pm en www.somosunoradio.org


Esta noche en punto de las 7:00 pm acompañanos en Haciendo Camino, tendremos a Victor Manuel, Ana Belen y Joaquin Sabina con una muestra de lo mejor de sus canciones.

jueves, agosto 19, 2010

Plegaria de los huérfanos

La Jornada

Nosotros, Señor, los niños huérfanos y las niñas huérfanas de México te rogamos:

Déjanos gozar la plenitud de nuestra orfandad.

Nuestros padres murieron porque fue tu Voluntad. Nuestros padres nos abandonaron porque fue tu Voluntad. Porque Tú así lo quisiste, nuestras madres fueron violadas por desconocidos a los que nunca volvieron a ver, y ellas nos arrojaron a un basurero o nos dejaron a las puertas de un Templo.

Déjanos, Señor, honrar tu Divina Voluntad.

Es nuestro privilegio.

No nos entregues a la adopción de parejas del mismo sexo. Por mucho amor que piensen darnos.

Por mucho amor que, de verdad, nos den.

Preferimos el desamor del abandono.

Preferimos el desamor de la indiferencia.

Es nuestro privilegio.

Preferimos, a tener dos padres amorosos o dos madres amorosas, vivir como vinimos a este mundo: sin un solo padre, sin una sola madre. Preferimos, a tener el amor toda la vida de dos hombres o dos mujeres de buenas intenciones y buena alma, no tener el amor de nadie desde siempre y para siempre.

Preferimos el desamor de la orfandad.

Déjanos, Señor, la libertad de vivir como huérfanos en un orfanatorio. De vestir como huérfanos, el uniforme del orfanatorio. De comer, como huérfanos, la miserable comida del orfanatorio. De dormir, como huérfanos, en los multitudinarios dormitorios de los orfanatorios. Déjanos, Señor, que cuando lleguemos a los albores de nuestra adolescencia nos echen a la calle, como a todos los huérfanos, del orfanatorio.

Es nuestro privilegio.

Así honramos tu Divina Voluntad.




Déjanos, Señor, quedarnos sin estudios, crecer sin moral y sin religión, sin nadie a quien aprendamos a amar, sin nadie que nos enseñe a amarte.

Déjanos ser niños de la calle, hombres de la calle, mujeres de la calle.

Déjanos disfrazarnos de payasos y malabaristas para malganarnos la vida en las esquinas.

Déjanos ser franeleros toda la vida. Déjanos ser mendigos.

Es nuestro privilegio.

Déjanos dedicarnos a limpiar los parabrisas de los automóviles.

Déjanos ser presa fácil del crimen y de la droga, del alcohol.

Déjanos ser criminales. Déjanos ser ladrones y narcos.

Déjanos caer muertos a los veinte años de una sobredosis.

Déjanos morir de hambre en un callejón, déjanos ser asesinados en la flor de nuestra juventud.

Déjanos vivir parte de nuestra orfandad en las cárceles.

Es nuestro privilegio.

Danos la oportunidad, como se la diste a nuestros padres biológicos, de fundar hogares que podamos destruir para poder tener hijos que, con su orfandad, sean el espejo de la orfandad de sus padres y de sus madres, de su crueldad, de su irresponsabilidad, de su desapego.
Déjanos, Señor, prostituirnos a los doce, a los trece, a los catorce años.

Déjanos, Señor, ser las putitas y los putitos de los proxenetas.

Déjanos, Señor, ser pasto de los pederastas en las escuelas, en tus templos.

Pero no nos des por guía a dos mujeres, o a dos hombres, aunque todos sean, como nosotros, tus hijos, y todos, como nosotros, seres humanos. Por mucho amor que nos prometan. Por mucho amor que nos tengan. Y así nos colmen con alegrías y comprensión. Así nos dignifiquen como pobres criaturas de Dios y por mucho amor que tengan a ti mismo. No merecen nuestro amor recíproco porque no merecen, siquiera, el tuyo.

Preferimos el desamor de la ausencia. Preferimos el desamor del olvido.

Pero si es tu Divina Voluntad, Señor, darnos un hogar y arrancarnos así el privilegio de no haberlo tenido, Señor, haz que las buenas familias cristianas de México que ya tienen hijos, nos adopten; haz que todas las parejas sin hijos de México, nos adopten. A todos, Señor. Cualquiera sea el color de nuestra piel. Así seamos blancos o indios, negros. Así estemos ciegos, o cojos, o mudos. Tú, si te lo propones, Señor, puedes hacerlo.

Diles a esas buenas familias cristianas que así aliviarán sus conciencias: evitándonos ser adoptados por parejas del mismo sexo.

No nos des dos padres o dos madres, Señor. Tú nos diste el frío de la ciudad y el silencio de la noche: los preferimos al calor de sus hogares y a la dulzura de sus palabras.



Y si nada de esto puedes hacer porque no lo quieres hacer, porque tu Divina y misteriosa e inescrutable Divina Voluntad se impone a tu Divina Omnipotencia, Señor, déjanos tranquilos.

Déjanos, así como nacimos parias, ser parias toda la vida para salvaguardar tu Voluntad. Déjanos crecer desprotegidos en el desamor de la intemperie, en la periferia de la sociedad, en el vacío del rechazo y el desdén.

Déjanos Tú, tú, el Señor sin cuya voluntad no se mueve la hoja de un árbol, déjanos, Señor, que como hojas nos arrastre el viento de la soledad y la derelicción.

Es nuestro privilegio: somos los privilegiados de la Tierra porque sabemos que, gracias a tu infinita Misericordia, le has prometido, a aquellos que en esta vida habitan un infierno, que en la otra vida serán ciudadanos del Reino de los Cielos.

Gracias, Señor.

Fernando del Paso

jueves, agosto 12, 2010

¿Por qué el gobierno elude hablar de narcoterrorismo?

Raúl Vera López

El jueves 15 de julio pasado explotó un carro bomba en Ciudad Juárez, que dejó cuatro muertos y once heridos. El comandante de la Quinta Zona Militar, general Eduardo Zárate, declaró a los medios que ya existían “algunos resultados del peritaje realizado al coche que estalló en la Avenida 16 de Septiembre. Se encontraron –añadió– residuos de 10 kilos de explosivo, al parecer del conocido como C4, así como restos de un aparato celular utilizado para explotar el artefacto” (La Jornada, 17 de julio, 2010).

Sin embargo, el procurador de Justicia de la República, Arturo Chávez Chávez, afirmó que se investigaba si el estallido fue provocado por un coche

bomba o si se habían utilizado “algunas granadas”. Sostuvo además: “No tenemos ninguna evidencia en el país de narcoterrorismo”. En el mismo sentido habló el embajador de México en los Estados Unidos, Arturo

Sarukhán, refiriéndose al carro bomba de Juárez: “Esto parecería no sugerir necesariamente que estamos entrando en una nueva fase de violencia de los cárteles de la droga” (La Jornada online, 20 de julio, 2010).

Nos preguntamos ¿Por qué ese apresuramiento del Señor Procurador de la República para declarar que en México no existe narcoterrorismo? ¿Por qué el

afán del Embajador de México ante Estados Unidos, por desmentir las operaciones terroristas del crimen organizado?

Lo que dice la ONU

Existe una Resolución del Consejo de Seguridad contralos grupos terroristas, la Resolución se ampara en elCapítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Endicha Resolución, que es la Núm. 1373 y fue aprobada

en la sesión 4385ª del Consejo de Seguridad el 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad decide que a toda organización que sea denunciada ante las Naciones Unidas por parte de cualquiera de los Estados

miembros, como un grupo terrorista, se le “congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en

nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos” (1c); y que se “prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros

o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten

cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión

o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes (1d)”.

El Consejo de Seguridad también decide que todos los Estados: “Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, inclusive reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el abastecimiento de armas a los terroristas” (2a); que “aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y aseguren que, además de cualesquiera otras medidas de represión de esos actos que se adopten, dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el

castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo (2e).

Igualmente decide que los Estados “se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos, inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos” (2f). Esta Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ofrece una excelente salida, con apoyo internacional calificado, a los Estados miembros que son víctimas de las acciones

de los grupos terroristas en sus respectivos territorios.

Lo que dicen los hechos

Hace tiempo que los grupos del crimen organizado en México, han empezado a utilizar métodos terroristas para imponerse a sus contrincantes, a la ciudadanía y al Estado mismo. El 6 de agosto de 2008, en el poblado de Creel, Chihuahua, fueron masacradas 13 personas, de las cuales 7 eran estudiantes; el 15 de septiembre de ese mismo año, en la plaza frente al Palacio de Gobierno del Estado, en Morelia, Michoacán, fueron lanzados explosivos contra la

multitud, el saldo fueron 8 muertos y un centenar de heridos.

En la zona norte del país, en los últimos diez meses se han perpetrado masacres en seis Centros de Rehabilitación para adictos, tales masacres han dejado en total 71 personas muertas, todas jóvenes. En lo que va de este año, siempre en la zona norte, ha habido seis masacres de jóvenes en diversos lugares: en bares (Ciudad Juárez, Chihuahua, también en la capital de esta entidad y Torreón, Coahuila) en las calles (Juárez) y a estudiantes en un camino (El Salto, Durango.). La última fue durante una fiesta en Torreón, Coahuila, el domingo 18 de julio en la madrugada, con un saldo de 17 muertos y 18 heridos.

Lo que dicen los muertos

En todas estas masacres el número de jóvenes muertos asciende a 65 personas. El último ataque terrorista a la población fue el coche bomba en Juárez. Otro dato que abona al terrorismo que utiliza el crimen organizado son los misiles decomisados en el armamento incautado a ellos, con estas armas pueden derribar los helicópteros del Ejército.

Lo que no dice el gobierno

Todo parece indicar que la resistencia del Gobierno Mexicano a acogerse a esta Resolución 1373 del Consejo de Seguridad para controlar al Crimen

Organizado, deriva de los serios compromisos que adquiere el Estado Mexicano ante la comunidad internacional. En primer lugar, se le impone la obligación de controlar el flujo financiero hacia las bandas criminales, por

medio del congelamiento de sus cuentas, manejadas en forma directa e indirecta, así como la confiscación de todas sus propiedades, como lo impone el inciso c) del punto Núm. 1 de la Resolución. También se vería obligado a remover de sus puestos y a someter a juicio a los funcionarios públicos de todos los niveles de Gobierno y entidades públicas que están ofreciendo protección política a la delincuencia organizada, como lo exigen el inciso a) del punto Núm. 2 de la Resolución.

Al acogerse a esa Resolución para controlar al hampa, tiene obligación de perseguir el delito del lavado de dinero, hasta sus últimas consecuencias, en empresas y entidades financieras, como lo impone el inciso e) del punto Num. 2. También en este mismo inciso el Gobierno mexicano se obliga a no dejar impune ningún acto criminal de esos grupos, y a asegurar que las penas que se impongan a los delincuentes estén de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos.

Cada vez que el Gobierno Federal se niega a reconocer que los mexicanos somos víctimas y estamos amenazados constantemente por el terrorismo de la delincuencia organizada, se manifiesta cómplice de todos esos grupos criminales, pues se empeña en hacer una guerra contra terroristas, utilizando una estrategia llena de huecos vergonzosos. Estrategia que contrasta mucho con las exigencias expresadas por medio de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución número 1373.

En las circunstancias desastrosas por las que está pasando el país, el Gobierno Mexicano ya está obligado a acatar dicha Resolución, porque el Consejo de Seguridad decidió tomarla, acogiéndose al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que se refiere a los situaciones en que en algún Estado o región la paz está amenazada, o se ha quebrantado la paz o existen actos de agresión.

* Obispo de Saltillo

domingo, agosto 01, 2010

La Corte y las violaciones graves a los derechos humanos

El 8 de abril de 2010 el Senado aprobó un paquete de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Recibió el elogio de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. No obstante, los diputados decidieron mandar a la congeladora el dictamen aprobado por los senadores.

Sergio Méndez Silva*

En términos generales, estoy de acuerdo con el dictamen del Senado: es un avance significativo, histórico. Sólo tengo una objeción: me parece un retroceso que se le retire a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos y se le otorgue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta decisión tiene como finalidad mantener en estado de impunidad las arbitrariedades cometidas por la “clase política”. Jamás será lo mismo un pronunciamiento sobre violaciones graves a los derechos humanos que emita el tribunal supremo de nuestro país, a la declaratoria que eventualmente emita el ombudsman nacional.

Los tribunales constitucionales y/o supremos siempre están conformados de manera colegiada por juristas versados en las diversas ramas del derecho y con diversas ideologías. Además, los tribunales de este tipo son siempre terminales, por lo que sus decisiones son las últimas en el ámbito interno del país de que se trate. En cambio, el ombudsman nacional es un único individuo, no necesariamente jurista ni experto en la materia de su competencia. Entre ambos órganos, la diferencia es, por tanto, cuantitativa y cualitativa. Además, el tribunal, como órgano judicial terminal de máxima jerarquía, le imprime a sus decisiones un sentido de autoridad suprema, cuyo peso político y social resulta determinante.

Durante el presidencialismo priista, el papel de la Corte era irrelevante; sin embargo, hoy las cosas son diferentes. El máximo tribunal de nuestro país ha demostrado que es capaz de dictar resoluciones garantistas (ley Televisa, Atenco, indígenas queretanas, despenalización del aborto, reconocimiento al cambio de sexo y género, empleo de la píldora poscoital, etcétera), lo que ha provocado una reacción autoritaria de la “clase política”. Particularmente, los políticos han enfocado su atención en la facultad de la Corte de investigar violaciones graves a los derechos humanos. Esta facultad molesta sobremanera a la “clase gobernante”, pues la Corte la ha expuesto como prevaricadora, abusiva, arbitraria, cínica, insensible y frívola.

La facultad que tiene la Corte de investigar violaciones graves a los derechos humanos es única en el mundo; además, es una creación original de la Constitución de 1917: está establecida en el artículo 97. Para darle contenido al concepto de “violaciones graves”, la Suprema Corte ha dicho que éstas pueden ser identificadas por ser, en algunos casos, generalizadas; por mantenerse en el tiempo; por producirse en un lugar, entidad o región; por ser atribuidas a las autoridades, ya sea por acción o por omisión; por ser sistemáticas, al existir un plan o la intención específica de las autoridades para producirlas, sin importar el número de personas agraviadas; por ser hechos que impliquen una amenaza al orden social y/o al estado de derecho, sin que sea necesario que las violaciones sean generalizadas. Estos criterios no son limitativos, son supuestos o hipótesis referenciales.

El tribunal supremo ha ejercido este medio de control constitucional en muy pocas ocasiones (caso León, en 1946; caso Aguas Blancas, en 1996; caso Puebla, 2006; caso Atenco, 2006; caso Oaxaca, 2007; caso Guardería ABC, 2009), pero con efectos devastadores para la credibilidad y la autoridad política de la “clase gobernante”. Sólo en el caso Puebla, la Corte determinó que no se acreditaron las violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, a pesar de lo resuelto por la Corte, el gobernador de Puebla, Mario Marín, jamás podrá reponerse del golpe político fulminante a su credibilidad. Este caso provocó algo inédito en la historia de la Corte: los ministros de la minoría se deslindaron de la decisión de la mayoría y publicaron un libro con sus votos particulares (Las costumbres del poder. El Caso Lydia Cacho, editorial Porrúa).

Se ha hecho de todo para limitar la facultad de investigación de la Corte: después de las elecciones de 2006, se eliminó la prerrogativa del tribunal de investigar las violaciones graves al voto público; al siguiente año, y ante la falta de una ley reglamentaria, los ministros conservadores impulsaron la aprobación del acuerdo del pleno 16/2007, que regula de manera restrictiva las atribuciones indagatorias del tribunal, pues, entre otras cosas, la Corte no puede señalar las responsabilidades de los servidores públicos abusivos. Ahora, el Senado propone quitarle esta facultad a la Corte y dársela a la CNDH. Lejos de retirarle a la Corte la facultad de investigación, se le debe fortalecer.

El esfuerzo más garantista para que la Corte ejerciera eficazmente su facultad de investigación lo hizo el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con su dictamen en el caso de la Guardería ABC. El doctor Zaldívar propuso un nuevo paradigma para el ejercicio de la atribución indagatoria: la posibilidad de responsabilizar a los servidores públicos de todos lo niveles, por sus abusos y su prevaricación, con la finalidad de mandar un mensaje de que se debe acabar la impunidad. Mi corazón y mi mente están con el esfuerzo del ministro Zaldívar.

*Abogado defensor de los derechos humanos