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miércoles, enero 25, 2012

A la caza de mujeres

Daniel de la Fuente

A Guadalupe Jazmín Torres Rivera y a Azalea Magdiel Alonso Reyes las secuestraron con minutos de diferencia el lunes 15 de febrero del 2010, en Apodaca.

A Guadalupe, entonces de 21 años, unos hombres la interceptaron hacia las 19:30 horas a unas cuadras de su casa, en la Colonia Fresnos de ese municipio ubicado dentro del área metropolitana.

Testigos le dijeron a su madre, Isabel Rivera Izaguirre, que la chica, que venía de impartir clases de danza en el DIF municipal, fue alcanzada en un crucero por una camioneta de cuyo interior alguien gritó: "¡Ella!" y un sujeto armado descendió y le ordenó: "¡Tú, para arriba!".

Minutos antes o después, no se sabe aún, Azalea se hallaba en la habitación de su casa en la Colonia Nuevo Amanecer, cercana a la de Fresnos, cuando su madre, Teodora Reyes, escuchó que recibió una llamada al celular y, al poco tiempo, la joven de 17 años dijo que al rato volvía.

"Si no ibas a salir, hija", le dijo la mujer de 54 años, con problemas en la vista por un tumor en el cerebro mal intervenido que le dañó el nervio óptico. La joven, en ese momento sin empleo y que quería estudiar enfermería, no contestó.

En ese momento se escuchó que alguien golpeaba de manera fuerte la puerta y una voz masculina gritó el nombre de la joven. Sin decir nada, Azalea salió y Teodora cree que subió a un auto por el ruido del motor.

A las 22:00 horas, la familia marcó al celular de la joven, pero la llamada se fue a buzón. Con Guadalupe pasó lo mismo.

Desde entonces, nadie sabe nada de ellas. No serían las únicas.





***





Isabel, la mamá de Guadalupe, y David Alonso, padre Azalea, se conocieron en la delegación de la policía municipal de la zona, donde los oficiales no hicieron caso a las denuncias de desaparición y respondieron lo que la autoridad suele decir en estos casos: "Han de andar con los novios, ya volverán".

Esto no pasaría si la desaparición forzada fuera tipificada como delito, lo que desde hace semanas promueve la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Incluso, los padres acudieron a televisoras para que sus casos fueron reportados, pero no les hicieron caso.

En las casas de Teodora e Isabel la ausencia de sus hijas se acrecienta con sus fotos de quinceañeras felices. Plenas en sus vestidos coloridos, las entonces niñas comenzaban a desarrollar las mismas características que las definirían a ellas y a otras secuestradas al momento de su desaparición: delgadas, morenas, de rasgos sencillos.

Más retratos de quinceaños, dicen, se pueden encontrar en los hogares del resto de las desaparecidas.

Apoyada por CADHAC, Isabel informa que la primera de aquella racha del primer semestre del 2010 fue Evelyn Joana Sánchez Ramos, quien desapareció el domingo 14 de febrero.

El lunes, Azalea y Guadalupe. El martes, Cecilia Abigaíl Chávez Torres, de 18 años, embarazada de siete meses, y Verónica Casas Martínez, madre soltera de cuatro hijos.

También se sumaron una joven llamada Flor y Ana Lariza García Rayas, de 23 años.

El miércoles 17, Blondie Ivonne Williams García, de 23 años.

"Haz de cuenta que las empezaron a reclutar", afirma Isabel. "De aquí de las colonias Nuevo Amanecer, Fresnos y Mezquital fueron como unas 12, pero ha habido más.

"De hecho, encontré que una joven, antes de que Guadalupe fuera secuestrada, le mandó mensajes al celular que decían: 'contéstame, perra, no te creas bien buena, ya te dije que vas a ir; si no, te damos piso'".

La madre, de 46 años, se enteró de esto al encontrar un viejo celular luego de que se llevaron a su hija.

Quizá, agrega, presionada por algo que no alcanza a entender, Guadalupe no le contó ni siquiera a su pareja, un joven albañil con el que procreó a una niña hoy de 3 años y que está a cargo de Isabel, auxiliar de enfermera del Hogar de la Misericordia.

Entre las familias abundan versiones de que una u otra de las desaparecidas, presuntamente relacionadas sentimentalmente con delincuentes, habría sido la que seleccionó al resto de las muchachas. La realidad, sin embargo, es que la autoridad no ha dado a conocer ningún avance en sus investigaciones, si es que las están haciendo.

La impunidad y las noticias cada vez más crecientes respecto a desaparición de jóvenes han hecho que algunas madres estimen entre 80 y 100 el número de desaparecidas en los últimos dos años tan sólo en Apodaca.

El Alcalde, Benito Caballero, cuya Administración inició este año con un alza en denuncias por delitos, de acuerdo a la Procuraduría de Justicia, y quien el pasado 5 de enero pidió la intervención de fuerzas federales y de Fuerza Civil para contrarrestar la inseguridad en su municipio, dijo que ya había escuchado esta versión, pero que, de acuerdo a datos oficiales, las jóvenes desaparecidas no rebasan la docena.

"Sé que hay una sola denuncia en la Procuraduría, pero cuando visitamos a las familias nos dimos cuenta que no era precisamente que las jóvenes estuvieran secuestradas, sino que agarraron el camino fácil de hacerse pareja sentimental de personas ligadas a la delincuencia.

"Incluso las jóvenes mantienen comunicación constante con sus familias y hasta éstas les cuidan a los hijos".

Ofendida, Isabel lo desmiente. Ni ella ni el resto de los padres han vuelto a ver a sus hijas en estos dos años, periodo en el que han escuchado infinidad de historias, muchas no denunciadas por miedo.

Isabel y otras madres cuentan que se han topado con numerosos casos de secuestro de mujeres en su municipio y en otros: raptos masivos en negocios, maquiladoras y barrios, donde las chicas parecerían ser elegidas al azar.

"Los expedientes no caminan nada. Nadie nos dice nada", afirma Isabel.

Agrega que entre los mismos padres comparten versiones respecto a que las jóvenes son vistas en muchos lados de Tamaulipas y que están trabajando en redes de prostitución y en procesamiento de droga.

Lo mismo ha escuchado Martha Quintanilla, madre de Lisette Alicia Mireles Quintanilla, hoy de 23 años, y quien desapareció el 2 de diciembre del 2010.

La joven llegó de su trabajo en un casino en Escobedo y, como a las 7:00 horas de ese día, salió para reunirse con su ex pareja Carlos Enrique Flores, con quien procreó a una niña actualmente de 5 años. No volvió.

Martha interpuso una denuncia contra el joven, pero aquél insistió en que era inocente y dijo que buscaría a Lisette.

Él empezó a difundir la idea de que había secuestros de mujeres por todo Apodaca, quizá hasta 100, dijo, pero él también desapareció en marzo del 2011.

"Aunque me pasó por la mente que él fue el responsable de la desaparición de mi hija, le creí lo de tantos secuestros porque aquí donde quiera te enteras de muchachitas que se las llevan.

"La vez pasada, a una chiquilla de 17 años la iban correteando unos. Le gritaban: '¡A ti te queremos y te vamos a llevar!'. En otra ocasión, frente a mi casa, una muchacha estaba siendo arrastrada por una camioneta a la que iba amarrada, llore y llore".

Por eso, Martha no cree lo dicho por el Alcalde de que sólo sabe de una denuncia y de que muchas, parejas de delincuentes, van y vienen a sus casas. Lo mismo duda Isabel, quien dice que cada que va al Municipio a revisar su denuncia se da cuenta del montón de reportes de desaparición.

"Aquí donde quiera sabes que hay problemas con las muchachas: Pueblo Nuevo, Agua Fría", dice. "No quieren que se sepa la verdad".





***





Casi sin vista y en silla de ruedas tras haber caído de unas escaleras, Teodora afirma que el secuestro de la más chica de sus cuatro hijas ha sido un golpe demoledor para la familia y un suceso que repercutió en su malograda salud, ya que debido al estrés le comenzaron a dar crisis convulsivas.

"Dios, mi padre celestial, me ha ayudado mucho, lo sé, y pongo mucho de mi parte, pero desde la pérdida de mi hija todo se ha complicado", afirma.

Azalea nació cuando nadie la esperaba en casa tras la operación de Teodora por un tumor cerebral que, a la postre, la dejaría casi invidente.

"Mi hija llegó con todo el amor para la familia", solloza. "Qué cosa no le compraba mi esposo y cómo disfrutábamos estar juntos, platicar".

Se le pregunta por el quinceaños de la chica y Teodora lo recuerda como una fiesta que Azalea disfrutó en todo momento, pues le cumplieron sus anhelos: ballets, sesiones fotográficas y de videoclips en la Gran Plaza, mariachi.

La autoridad le dice que está investigando su paradero, pero no ha presentado un solo resultado en los casi dos años de su secuestro. Ella, sin embargo, subraya el amparo que siente de Dios y espera que un día a la puerta de su modesta casa vuelva la joven, porque nada le quita de la cabeza que ella está con vida.

Isabel no resiste al caminar por la calle detener a jovencitas para observarlas detenidamente: busca a Guadalupe.

"Me veo tan ridícula", dice bañada en llanto. "Las paro y les digo: 'dame un abrazo por favor'. Me han tocado buenas niñas, porque me lo dan y me preguntan que qué me pasa. 'Tengo una hija desaparecida', les cuento, y ellas me dicen que no pierda la fe.

"Eso es lo que hacemos. Le pedimos a Dios todopoderoso que toque el corazón de esa gente que la tiene para que la regrese. Como sea, pero que la regrese".

De la Policía al narco

Daniel de la Fuente

Israel Arenas Durán ni siquiera había cumplido la mayoría de edad, pero qué edad es ésa cuando se trabaja desde muy chico para ganar los pesos que permiten cooperar para que en la mesa de la casa haya alimento y, si acaso algo queda, para pasar el rato con los amigos.

El viernes 17 de junio pasado, el joven veracruzano de 17 años había ido a dejar un pedido a un señor al que le urgían unas plantas. Iba en compañía de otros tres chicos oriundos de su rancho natal, La Perla, a 10 kilómetros del Pico de Orizaba: Adrián Nava Cid, de 23 años, así como los hermanos Reynaldo y Javier García Álvarez, de 26 y 20 años, respectivamente.

Todos trabajaban en el vivero que desde hace dos años sostiene con familiares y amigos José Emiliano Arenas Nicanor, de 40 años, padre de Israel, en el municipio de Juárez, a 20 minutos de la capital nuevoleonesa.

Los cuatro jóvenes decidieron ir a disfrutar del viernes al bar California, ubicado sobre la Avenida Eloy Cavazos. Al cabo de un rato, como a las 22:00 horas, Emiliano y su mujer, Luz María Durán, se preparaban para la cena, por lo que le pidieron al hijo más chico, Irving, de 15 años, que les hablara a los muchachos.

Israel contestó y le dijo a su hermano que le llevara 170 pesos para completar la cuenta, pues habían pedido de última hora una cubeta con cervezas.

En lo que informó a sus padres, se preparó y salió en su auto para ir por él al California, Irving se percató de que la unidad 131 de tránsito de Juárez iba por la avenida persiguiendo la camioneta de su hermano, por lo que se dirigió tras ellos.

Cuando les dio alcance en la calle Coahuila cruz con Pablo Livas, los tránsitos habían bajado de su camioneta a Israel y lo estaban subiendo esposado a una camioneta gris con personas cuyos rostros no alcanzó a distinguir.

Uno de los oficiales, Juan Eduardo de León Pérez, quien físicamente subió a Israel al vehículo, se le quedó mirando a Irving y, sin más, le dijo que lo estaba deteniendo porque abolló la patrulla.

"¿Eres familiar de él?", le preguntó a Irving, quien sin dejar de mirar a su hermano, que era subido en estado de ebriedad a la camioneta, dijo que no.

Al recordar esto, el chico baja la vista. Sus padres le miran y palmean comprensivos, porque dicen que de haber confirmado el parentesco, Irving también habría sido levantado y no sería sólo un hijo desaparecido, sino dos.

Ante la respuesta del chico, los agentes lo corrieron del sitio con palabras soeces. El joven volvió a casa y narró a sus padres lo ocurrido con el mayor de sus dos hermanos. Luz María acudió a las instalaciones de Policía y Tránsito de Juárez y, como no la querían atender, amenazó con ir a una televisora.

"Déjeme veo si están sus muchachos, pero nosotros encontramos abandonada la camioneta de su hijo", le dijo a la mujer de 37 años un supuesto comandante en referencia al vehículo, en ese momento en el corralón.

"No es cierto", intervino Irving. "Yo vi cuando lo bajaron de su camioneta, lo esposaron y subieron a una camioneta gris".

Al ver la determinación con la que acudieron la madre y el hermano de Israel, el sujeto vestido de civil dijo que esperaran para ver si tenían a los jóvenes con los ministeriales. Volvió a la hora y media.

"Ahí los tienen", dijo. "Nada más que ahorita no se los van a enseñar porque les pusieron unas 'cachetaditas'. Vénganse mañana".

Pero no fue así. Al día siguiente la camioneta desapareció del corralón y en la policía juarense ya nadie quiso atender a la familia Arenas, además de que no volvió a aparecer el "comandante" que les confirmó la llegada de los chicos al cuartel.

Incluso de la bitácora del corralón fue arrancada la hoja de entradas y salidas de ese día, aunque ellos lograron obtener del servicio de grúas una copia donde se confirma la llegada del vehículo al predio municipal.

La familia acudió después al bar California y ahí se enteraron de que al parecer la encargada del lugar, una mujer de nombre Martha Dalia Cortés, le habló a los tránsitos de Juárez, quienes detuvieron a los jóvenes y entregaron a un grupo de zetas a tres de los cuatro que habían llegado juntos.

Israel intentó huir, pero fue interceptado por la patrulla 131, la cual hasta llegó a chocar su camioneta.

Luz María lamenta que cuando estuvo indagando sobre los muchachos el día de su detención no se comunicó de inmediato con el Ejército.

De hecho, cuenta, al estar preguntando por ellos pasó un convoy militar frente a la dependencia municipal y vio que los empleados de Policía y Tránsito de Juárez se pusieron muy nerviosos, entraron de inmediato a las instalaciones y las secretarias dijeron en voz alta que todos escondieran los celulares porque "a'i van los militares".

···

Al paso de los días, al ver el limbo en el que estaba cayendo el paradero de los jóvenes, la familia Arenas levantó denuncias, fue al Consejo Estatal de Derechos Humanos y a la Séptima Zona Militar.

Un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones se puso en contacto con Emiliano y les dijo que les enviaría elementos destacamentados en Juárez, lo que les dio desconfianza, porque explica que le costaba trabajo creer que ministeriales y policías municipales no estuvieran aliados.

Pasó el tiempo. El jueves 23 de junio la familia se dirigía al tianguis a vender ropa cuando Irving vio pasar la camioneta de Israel con rumbo al cuarto sector del Fraccionamiento Las Gardenias.

Frente al domicilio al que llegó el vehículo, Emiliano habló a la Ministerial, pero los elementos llegaron por la noche y la camioneta ya no estaba y nadie abrió la puerta. Esperanzado en que ahí estuvieran su hijo y sus amigos, Emiliano se dio la vuelta a la mañana siguiente y la volvió a ver estacionada afuera del domicilio.

Llamó a la Ministerial y le dijo al oficial que se apresuraran para que los delincuentes no huyeran.

"No se van", les dijo el oficial, al parecer familiarizado con los hábitos de la delincuencia. "Son como los vampiros, andan en la noche y en el día duermen".

Hasta la tarde llegaron ministeriales y militares, y reventaron la propiedad.

Emiliano, bronco y desesperado, entró al domicilio a buscar a su muchacho, pero no estaba, sólo vio a un sujeto tatuado al que la autoridad aprehendió por la posesión del vehículo que, dijo, le habían prestado. Curiosamente a él le hallaron el estéreo que no figuraba cuando vieron la camioneta en el corralón, por lo que dedujeron complicidad entre los dueños del predio y la delincuencia.

Sin noticia alguna, la familia ha ido y venido de una instancia a otra. Hay sólo tres aprehendidos: el sujeto que tenía la camioneta, la encargada del bar California y el oficial de tránsito De León Pérez, quien declaró que entregó a los muchachos a miembros de los zetas, identificados con apodos, pero nada más.

El responsable de la investigación en la Ministerial cambió el celular sin avisarles.

Emiliano se hacía presente con el fiscal Jesús Tavera para suplicarle llorando que investigara. Tanto insistió que un día le azotó la puerta, desesperado: "¡¿Qué esperan para investigar?!", rugió. "¿Encontrarlos muertos?".

El fiscal, quien luego fue sustituido, mandó traer una patrulla. Emiliano no salía del asombro.

"Es el colmo", les gritó, llorando. "Sí, llévenme a la cárcel para que se sepa la clase de autoridad que tenemos".

No hubo celda para Emiliano, pero tampoco la necesita: basta la impunidad con la que la autoridad ha manejado el caso.

La familia cree que, dado que los captores no han hablado para pedir rescate por los muchachos, forjados a las labores duras en el vivero, quizá los tengan trabajando en algún lado. En algún monte. En algún infierno.

Israel, cuentan, llegó hasta primer año de secundaria y decidió dedicarse al trabajo con su padre para sacar adelante a su familia y a los que vinieran de su pueblo. Le gusta la siembra, en especial las palmas, y los diseños con piedra de mármol.

"Siempre andaba mugroso mijo, si no estaba sembrando estaba haciendo sus diseños de jardín", afirma Emiliano y aquel hombre sencillo, fornido y curtido por el sol comienza a llorar desconsoladamente.

"Está chiquito mijo... igual los otros muchachos", dice con la voz entrecortada por el dolor. "¿Qué les hacían...? Nada malo, sólo se dedicaban a trabajar y a trabajar".

Los tres muchachos restantes, dice, son como sus hijos y él les procuraba un buen futuro, por lo que les decía que ahorraran un poco de lo que ganaban para tener un pequeño patrimonio y beneficiar a los que se quedaron en el pueblo.

Adrián tiene tres hijos; Reinaldo, una niña. Sus familias en el rancho La Perla no terminan de llorar su ausencia.

"Nosotros vinimos a trabajar, a salir adelante porque allá en el rancho no hay trabajo", afirma Emiliano, decepcionado de la actuación de la autoridad: la de Juárez, la Ministerial. Toda.

"Ahora nos hacen esto... Nomás volviendo mis muchachos, de veras, se lo juro, yo me los llevo de regreso al pueblo. Contra los que hicieron esto no pido nada. Nos vamos".

martes, enero 24, 2012

Sin pistas de Jehú

Daniel de la Fuente

Fue en el corazón del municipio que presume mayor seguridad en el Estado: San Pedro Garza García.

En específico, en el Oxxo de las calles Vasconcelos y Montes Rocallosos, en Residencial San Agustín.

Eran cerca de las 19:30 horas del viernes 12 de noviembre del 2010 cuando Janneth Olazarán le habló a su esposo al celular para pedirle a su regreso a casa algo para la niña que acababan de tener hacía apenas seis meses.

De tez blanca y barba de candado, Jehú Abraham Sepúlveda Garza, de 24 años, le contestó a la joven. El chico, quien aquel día vestía una camiseta roja, pantalón de mezclilla color celeste y gorra gris, se escuchaba sereno.

"Ahorita te hablo", le dijo. "Estoy en San Pedro en un chequeo de rutina con ministeriales".

"¿Por qué no me habías hablado?", le dijo extrañada la joven de 28 años.

"No me dejan hacer llamadas", contestó. Ella preguntó si quería que le hablara a su jefe y Jehú aceptó, pero en eso la mujer escuchó que alguien le preguntaba a él con tono autoritario: "¡Eh! ¿Con quién hablas?" y el joven contestó que con su esposa.

Enterado por Janneth, el jefe le habló más tarde a Jehú para ver si le mandaba alguna papelería, pero éste le dijo que todo estaba bien y que ya iba de salida de la "municipal de San Pedro".

Quince minutos después, el hombre volvió a llamar, pero el celular estaba apagado.





Compañeros de Jehú llegaron esa noche a la Policía de San Pedro, pero les dijeron que no había registros de su ingreso y les negaron que ahí se hicieran "chequeos de rutina". Lo mismo en la Agencia Estatal de Investigaciones.

Al día siguiente, sin embargo, el director de Policía sampetrino Camilo Cantú recibió a Janneth y a Yadira, hermana de Jehú, y les mostró una tarjeta informativa en la que se confirmaba que el joven sí había llegado a la demarcación y que la camioneta con los logos de la empresa estaba en los patios de la dependencia municipal.

De acuerdo a la versión publicada por EL NORTE el 30 de noviembre del 2010, Jehú fue detenido a las 18:15 horas del 12 de noviembre por policías sampetrinos cuando estaba en su camioneta afuera del Oxxo.

Gente allegada a él cuenta que Jehú fue a la tienda por refrescos y frituras y, como la oficina está cerca, se le hizo fácil abordar el vehículo sin documentación personal.

Los policías de la patrulla número 441, Felipe de Jesús Álvarez Macías y José Luis Román Sandoval, se llevaron al joven por carecer de identificaciones al cuartel de Policía y Tránsito municipal.

A ese lugar llegó Miguel Escobedo, detective del destacamento de la Policía Ministerial en ese municipio, y dijo que se haría cargo del detenido y del vehículo por orden de su coordinador Javier Rangel.

Después, según la versión de los preventivos, Jehú fue llevado a las instalaciones de la Policía Ministerial a bordo de la patrulla 344, conducida por el agente Mario Ogardín, del tercer Grupo de Homicidios.

"Unos ministeriales se lo llevaron de aquí de los patios", les dijo ese sábado el jefe de la Policía de San Pedro a las mujeres y les dio dos nombres: Javier Rangel Rojas y Miguel Escobedo. "Vayan a la Ministerial".

Ese fin de semana, Janneth y Yadira se la pasaron ante un mostrador de la Ministerial del que nunca salió información, como quizá les pasa a muchos que desean saber de su desaparecido.

"Entonces el lunes tuvimos que volver con Camilo para decirle que no nos daban informes, que nos ayudara", cuenta Janneth.

El director de la Policía Municipal le habló a Rangel y, en altavoz, le dijo que él se había llevado a Jehú y que atendiera a la familia.

"Mándamelos para acá", le dijo y el funcionario sampetrino les puso una patrulla de escolta a las mujeres hasta la Ministerial. Pero ya muy tarde Rangel no las recibió a ellas, sino al abogado.

"Dile a la familia que el muchacho está bien, está comiendo y tranquilo", le dijo el agente.

"Pero ¿por qué lo tienes, dónde?", cuestionó el litigante.

"No te puedo dar esa información. Yo lo chequé el mismo viernes, no tiene nada, ya platiqué con él, pero mi jefe, que es el director, me pidió que le diera 54", clave en alusión a dejarlo pendiente.

"Vénganse mañana martes a las nueve de la mañana con el director (Adrián de la Garza, hoy Procurador)", añadió.

Al día siguiente nadie los recibió. Llegó la noche.

El miércoles, al ver a las mujeres muy desoladas, el agente del Ministerio Público Rogelio Cantú les brindó la pista determinante que le dio la vuelta al caso de la desaparición de Jehú.

"Tengo entendido que a él se lo entregaron a la Marina en forma económica", les reveló según Janneth, y las mujeres se mostraron extrañadas ante la expresión.

"O sea, no hay documento que diga que se lo entregamos, porque fue así nada más... pero es todo lo que puedo decir".

Fueron a la Marina, pero en forma grosera les desmintieron el ingreso de Jehú al cuartel que tienen en una unidad deportiva en San Nicolás de los Garza.

Desesperadas, pusieron una denuncia ante el fuero común, sin resultado, hasta que el 25 de noviembre los elementos de la Marina Arnulfo Alejandro García y José Francisco Meneses González acudieron a declarar presuntamente por su propia voluntad y confirmaron que tres ministeriales les llevaron al cuartel a Jehú, quien fue revisado durante 15 minutos y, posteriormente, dejado en libertad.

Según los marinos, al salir el joven abordó un taxi que pasó en ese momento por ahí, lo que parece inverosímil dado que el trecho entre la avenida y las instalaciones castrenses es prolongado y no es común el ingreso de vehículos de alquiler a ese tramo.

La historia de Jehú es uno de los casos de desaparecidos en Nuevo León en los que la autoridad no ha presentado avances de ningún tipo.

Por ello, el enigma de dejarlo "en 54" en la Ministerial; su entrega en "forma económica" a la Marina y el misterio de su desaparición están incluidos en el informe emitido en noviembre del 2011 por la organización internacional Human Rights Watch, donde se establece que las víctimas de la guerra contra el crimen organizado en México son criminalizadas y las violaciones a sus derechos permanecen en la impunidad.

Desde entonces, la familia nada sabe del paradero del joven. Janneth, quien duró dos años de novia con Jehú y tras contraer matrimonio vivía con él en la planta superior de la casa de la madre del joven, en San Nicolás, lo describe como un individuo sobreprotector y muy dedicado a su bebé, por lo que en los primeros días de su ausencia, dice la madre, la pequeña parecía buscar la voz de su padre en todas las voces.

"Estaba estudiando Leyes, pero se salió en el tercer semestre porque quedé embarazada y se puso a trabajar para la constructora comprando piezas y supervisando obras", describe su esposa.

Yadira afirma que la desaparición de su hermano ha sido un duro golpe para la familia, la cual había sufrido seis meses antes de lo de Jehú el fallecimiento de su padre.

"Aun y cuando la Marina acepta que lo detuvieron 15 minutos, no hay registro de su ingreso a las instalaciones en San Nicolás", cuenta la hermana. "Hemos ido hasta México a preguntar por él a la SEMAR, pero dicen no saber nada.

"Qué fácil es para los ministeriales desaparecer personas y cómo pueden decir los marinos que salió de la unidad deportiva y tomó un taxi, si eran cerca de las 12 de la noche y al destacamento sólo se llega luego de hacer mucho zigzag en una zona donde no pasan taxis".

En las reuniones con CADHAC, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Procurador Adrián de la Garza, comentan las mujeres, el funcionario dice que se está investigando el caso. Pero nunca les ha dicho nada nuevo.

"¿En verdad investigan las desapariciones?", se pregunta Yadira. "Me parece que no".

Hace ya casi 15 meses que nadie sabe de Jehú.

lunes, enero 23, 2012

Sufre Estado alud de desapariciones



Daniel de la Fuente

Los muertos y heridos no son el único saldo de la guerra entre cárteles y la lucha anticrimen: cientos o quizá miles de desaparecidos llenan con su ausencia numerosos hogares del País... y Nuevo León no es la excepción.

Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos (CADHAC), único organismo que lleva registro en el Estado, reporta 117 casos de desaparición forzada sólo entre el 2011 y lo que va del presente año, pero estima que en realidad hay unos 800, aunque no todos han sido reportados.

"De enero del 2011 a este año tenemos 117 casos de desapariciones", dijo la religiosa Consuelo Morales, directora de la asociación civil que está exigiendo al Congreso local tipificar el delito de desaparición forzada.

"Están documentados y hay denuncias ante el Ministerio Público, pero de ellos sacamos más de 800 personas que han desaparecido, porque generalmente, cuando nos reportan los casos, nunca se llevan a una sola, sino a varias personas juntas.

"Son cuando menos 800 y nos quedamos cortos", agregó. "La cifra negra, por supuesto, debe ser mayor, porque hay miedo cuando la gente quiere denunciar, pues los captores les dicen 'vamos a matar a tu familiar' o 'venimos por otro'".

Morales afirmó que, de los casos registrados en CADHAC, en un 35 por ciento están involucrados agentes municipales, estatales, federales, ministeriales y elementos de la Marina y el Ejército.

El resto apunta a la delincuencia organizada.

Los 117 casos han sido revisados desde junio del año pasado con el Procurador del Estado, Adrián de la Garza, e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.

"(Los familiares) viven de cara a un abismo atroz", expresó Sicilia el 12 de diciembre del año pasado, "porque no saben si están vivos y, si lo están, en qué condiciones, y, si están muertos, no saben qué les sucedió y no tienen sus cuerpos".

Sicilia estima que a nivel nacional la cifra de desaparecidos asciende a, por lo menos, 10 mil personas en el presente sexenio.

Como referencia, Coahuila anunció el pasado 13 de enero la creación de una Subprocuraduría especializada para atender su problemática de desaparecidos, que estiman en cuando menos mil 600 casos, sin especificar periodo.

Morales aseguró que en Nuevo León hay avances en algunos casos tratados en la Procuraduría, pero hay otros que no se han movido nada.

"En casi todos los casos vemos una total falta de acción del Ministerio Público", expresó, "y son las mismas familias las que se transforman en investigadores.

"Ellas son las que han aportado pistas, pero no se asume la investigación ni se integran pistas a los expedientes. Es difícil".

La directora de CADHAC señaló que los casos son reportados no sólo en Monterrey, sino también en otros municipios dentro y fuera del área metropolitana.





Demandan tipificar delito



El organismo que encabeza la Hermana Consuelo así como familiares de personas desaparecidas entregaron el pasado 13 de enero documentos en la Oficialía de Partes del Congreso local demandando la inmediata tipificación del delito de desaparición forzada.

La semana pasada, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dieron a conocer su apoyo a la iniciativa regiomontana y urgieron a los legisladores a aprobarla.

"No existe el delito, por eso no hay cifras", argumentó la religiosa y activista de los derechos humanos. "Entonces, las familias tienen que andar haciendo investigaciones y recuentos.

"Nos vamos a quedar sin jóvenes, porque son a los que se están llevando. Ahora no lo sentimos, pero sí más tarde".

Esto sin contar, añadió, con la doble victimización que sufren las familias, ya que una parte de la opinión pública piensa que la gente es secuestrada porque "andaba en malos pasos".

Nora Montemayor, madre de José Francisco, uno de cuatro jóvenes secuestrados en Ciénega de Flores en el 2006, y de los primeros casos de "levantones" reportados en Nuevo León, dijo que aún mantiene la esperanza de ver llegar a su muchacho sano y salvo.

"Pero ¿qué te puedo decir de la autoridad?", dijo. "No nos ayudó en nada y yo tengo la impresión de que así está la mayoría de los casos de desaparecidos: sin solución alguna".

domingo, agosto 28, 2011

A 33 años de la Ley de Amnistía

Este domingo 28 de agosto se cumplen 33 años de la huelga de hambre que madres y familiares de desaparecidos hicimos en la Catedral de la ciudad de México.

La histórica huelga consiguió, en ese año de 1978, la Ley de Amnistía y posteriormente la organización tanto de los familiares de desaparecidos en el Comité Eureka! como el Frente Nacional Contra la Represión.

Lamentablemente la antigua exigencia de presentación de los desaparecidos políticos que exigía esa huelga de hambre continúa vigente, en vista de que más de 500 desaparecidos de esa época siguen sin que haya respuesta del gobierno, pese a que con la Amnistía de 1978 se logró la liberación de más de 100 compañeros desaparecidos. Más grave aún es el hecho de que manteniéndose la impunidad sobre esos casos de desaparecidos, el gobierno actual haya continuado, llegando a niveles escandalosos, la práctica de la desaparición forzada de personas. Con la pretendida guerra contra el narcotráfico se ha impuesto una militarización que le ha costado ya a la sociedad más de 40 mil ejecuciones y miles de nuevos desaparecidos y huérfanos.

No nos confundimos sobre quién es el responsable de este clima de violencia y descomposición social que hoy se vive en nuestro país y somos optimistas en las posibilidades de lucha contra un gobierno que insiste en imponer un modelo policiaco militar cuando nuevas organizaciones de trabajadores surgen con esta clara visión, como ocurre hoy en el Zócalo con los trabajadores electricistas.

¡Vivos los llevaron, vivos los queremos! ¡Presos políticos, libertad! ¡Por el regreso del Ejército a sus cuarteles!

Rosario Ibarra

jueves, octubre 28, 2010

Compañero Néstor

Coral Aguirre

La muerte no nos vencerá nunca

Con el dolor en medio del corazón traspasándonos, llevamos y llevaremos siempre el orgullo de haberte tenido como el hacedor de esta nueva historia que vivimos. La muerte nunca nos ganó y ahora mucho menos. Ahora es cuando más unidos que siempre con nuestro pueblo, vamos a ir por TODO y guay de los que se crucen o intenten aprovecharse de la situación de dolor porque estamos tan atentos como siempre o más. Compañera Presidente Cristina, acá está nuestro brazo y nuestro abrazo para apoyarla y acompañarla en lo que vendrá, sin claudicaciones ni contemplaciones con los enemigos de nuestro pueblo que ahora como aves de rapiña vendrán con palabras falsas a condolerse pensando y especulando como siempre.
¡COMPAÑERO NESTOR KIRCHNER PRESENTE HOY Y SIEMPRE, HASTA LA VICTORIA!

Eduardo A. Hidalgo

Ex Detenido Desaparecido

Actual Secretario General Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca

Programa Fortalecimiento Institucional Secretaria DDHH Pcia. Bs.As.

Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas

Haciéndome eco de las palabras de Eduardo Hidalgo, para nosotros los argentinos, la muerte de Néstor Kirchner se inscribe en nuestra propia historia, colectiva y personal. Sin embargo Kirchner no se merece panegíricos, sino la reflexión honda de su andar por el mundo.

Alcanzó la presidencia de Argentina con un margen del 22% de los votos, luego que el pueblo clamara QUE SE VAYAN TODOS, harto de tanta mentira e injusticia. Cuando terminó su gestión había alcanzado casi el 90% de la adhesión popular. Y desde el principio, sin pausa y sin prisa, puso el dedo sobre la llaga, esa llaga abierta e inoportuna que todos llevábamos como estigma. Un país dividido quería por una parte el olvido y por la otra, la memoria. Néstor abrogó por la segunda y ahí sí que no dejó títere con cabeza.

Hizo primero de Buenos Aires y luego del país con la contribución de víctimas, intelectuales, familiares, amigos, compañeros, una exposición viva de la historia del terrorismo de estado. Nadie que haya caminado Buenos Aires olvida los mosaicos de la Plaza de Mayo, los carteles inmensos Aquí hubo un centro clandestino de tortura y crimen, las instituciones como MEMORIA ABIERTA en plena calle Corrientes, salvaguardando y exhibiendo los archivos del Terror, la legitimación de Madres, Abuelas, Hijos, de Plaza de Mayo que tuvieron en él su apoyo y su contribución. Y por fin el Museo de la Memoria inaugurado este año bicentenario también para Argentina, pero que comenzó a crearse bajo su gestión. Museo que se yergue sobre los restos del campo de concentración más ignominioso de nuestra historia, las instalaciones de Mecánica de la Armada.

He visto los restos de hierros, mamparas, cables, tubos, antes de su apertura. He visto la larga hilera de afiches sobre las rejas que cubren más de cien metros con la elaboración de imágenes y textos que dicen NO al olvido. He visto a los asesinos en los juicios de Córdoba, Tucumán Corrientes, Santa Fe con sus rostros semejantes a los de aquellos otros asesinos en el Juicio de Nüremberg, llenos de asco y soberbia.

Asco dan ellos. Asco dan cuando intrigan alrededor de la Rural Argentina para hacer pasar a los terratenientes por pobres campesinos cargando con impuestos injustos. Asco dan cuando se agrupan alrededor del monopolio de Clarín para proclamar la persecución de sus “ideales”. Asco dan cuando reniegan de un fútbol que ahora puede ver todo el pueblo, que ha dejado de estar en manos de los monopolios. Asco dan ahora mismo con la lucha por el papel que quieren únicamente para sus empresas (léase Clarín y La Nación).

¿Errores de los Kirchner? Seguramente los hay, y los habrá. El poder siempre quema una parte de nuestros ideales, siempre contamina. No los creo perfectos para nada.

Lo que sí sé como argentina y ciudadana del mundo es que un nuevo país se instauró a partir de ellos.

Y con eso tengo bastante.

miércoles, septiembre 01, 2010

Los "levantados"


Son miles. No sabemos exactamente cuantos. Los "levantados" son la nueva figura del desaparecido en México. A diferencia de la década de los 70's cuando el ejército y las policías secuestraban, torturaban y desaparecían por razones políticas, ahora se hace bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.

Doña Gloria Aguilera Hernández llora todo el tiempo. Lleva una bolsa de plástico con fotos y documentos. Se limpia las lágrimas con un pañuelo de papel. Aquella mañana del 26 de septiembre del 2008 despidió a sus dos hijos y a su esposo con un beso. Nunca pensó que ese beso que les dio de manera amorosa, pero rutinaria, sería el último. Ese día los tres fueron "levantados". Giovanni, de 26 años; Julián Edwin, de 27, y su esposo Julián Urbina Torres, de 47 años eran trabajadores de Transito de Monterrey y no se explica la razón por la cual los desaparecieron. Nunca hubo una llamada de los secuestradores. Jamás pidieron rescate.

La vida de doña Gloria dio un vuelco brutal. De la confusión inicial pasó al deseo de morir. Pensó que se volvía loca sin ellos. Creyó por un momento que su caída al abismo de la depresión la llevaría muy pronto a la tumba. Pero transformó su profundo dolor en coraje, en lucha, en esperanza. Y se hizo una promesa: "los encontraré. Los voy a buscar hasta el final".

No puede contener el llanto. Esta al lado de otras madres, hermanas, tías, esposas, que también buscan a cientos de desaparecidos. La mayoría han sido amenazadas "no los busquen, les puede pasar lo mismo". Ellas no se dejan amedrentar. Son las siete y media de la mañana. Hoy, 30 de agosto es el Día Internacional del Desaparecido. El bochorno del verano regiomontano se empieza a sentir. Apenas un aire fresco recorre la Explanada de los Héroes del Palacio de Gobierno de Nuevo León donde decidieron hacer un plantón para reclamar al gobernador Rodrigo Medina que les "devuelva" a sus seres queridos o que renuncie.

El silencio es estremecedor. Visten de negro. Llevan una leyenda al frente: ¿Dónde están? Y a la espalda: "Queremos ver sus caras". Los sollozos son sutiles, apenas perceptibles. Lloran todas en silencio. Me avergüenzo de este gobierno. Miro hacia abajo para ocultar las lágrimas y pienso en el poema de Mario Benedetti: "Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. Ese andamiaje de abrazos cielo y humo..."

¡Ay los desaparecidos!... No existe en el mundo tormento más cruel, dice Doña Gloria. Me mira a los ojos, me toma de las manos. Y me habla al oído: "Yo muero cada día, cada instante, esperándolos". Tiemblo ante su entereza, su valor, su inmenso coraje. "A veces no se como me levanto por las mañanas" ----me confiesa--- "¿Sabe cuál es mi fuerza?... el amor que siento por ellos".

Los busca todos los días. En el súper, en las calles, en las plazas. Cree verlos aquí o allá. Espera una llamada, una señal, un vestigio. Intenta reconocerlos a los lejos, por la espalda, por el cabello, por el cuerpo. Corre. Los alcanza. Pero no son ellos. Se desanima. Cae. Se levanta. Vuelve a levantarse. Sabe que si ella no los busca nadie lo hará. La indiferencia del gobierno es absoluta, la complicidad de las autoridades es común, la negligencia de las policías cotidiana.

En la administración de Felipe Calderón 3.000 personas han desaparecido según la Fedefam, la mayoría bajo el método del "levantón", una palabra soez como dice Doña Rosario Ibarra de Piedra, la incansable luchadora de los desaparecidos de México. El Ejército le arrebató a su hijo en abril de 1975 en Monterrey. Y nunca más se lo devolvió. Creyeron que se iba a cansar. Que dejaría de buscarlo algún día. Pero han pasado 35 años y ella sigue. Ayer presentó una denuncia contra el expresidente Luis Echeverría responsable de 500 desapariciones durante la guerra sucia de 1970 a 1976. Es un crimen de Estado. Un genocidio y debe ser juzgado por ello, sentenciado, dice Doña Rosario, quien lamenta que el presunto delincuente este tranquilamente en su casa viviendo con una generosa pensión vitalicia.

La impunidad invita a la repetición del crimen. México está condenado a repetir su historia mientras no permita que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño. La cifra de 3.000 desaparecidos se queda corta, dice Judith Galarza, directora de Fedefam. Señala que ninguna institución quiere dar estadísticas de los desaparecidos. Y que los métodos utilizados en los 70's para desaparecer son los mismos que ahora usa el Ejército, la Marina, las policías y el crimen organizado: "¿Quién secuestra más el crimen organizado o el ejército y las policías? Son los mismos", dice sin titubear.

Los familiares deambulan por las calles, por las oficinas de gobierno, las procuradurías, los juzgados. Nadie les hace caso. La mayoría desconocen las causas de la desaparición. La nebulosa de la guerra contra el narcotráfico lo cubre todo y parece que todo está permitido. "Si desapareció es porque andaba metido", le dijeron a Doña Socorro Gorena Ontiveros cuando fue a reportar el "levantón" de su hijo Raymundo Cepeda Gorena. Ocurrió de manera natural, a plena luz del día. En dos taxis llegaron un grupo de hombres a la colonia Valle Verde, donde el muchacho vivía con su madre, y se lo llevaron. Fue el 5 de agosto del año pasado. Y desde entonces no duerme, no come bien, no vive.

Doña Socorro porta una pancarta verde con su foto: "éste es mi hijo, devuélvanmelo". Su rictus de tristeza es gélido. Esta inmóvil mientras le tomo las fotos. No se inmuta ante los gritos de sus compañeras de lucha: "Tenemos la esperanza de que estén vivos, pero si no, queremos que nos digan dónde dejaron sus cuerpos. A quienes se los llevaron les pido, les ruego que me digan dónde está. Es lo único que les pido", me dice con la mirada extraviada como si estuviera hablando a los delincuentes.

"Están en algún sitio, nube o tumba", dice Mario Benedetti. Y tiene razón.

martes, agosto 31, 2010

Denuncia Rosario Ibarra ante PGR a Echeverría por desaparición forzada


Lo señala por el caso de su hijo Jesús Piedra Ibarra, cuyo paradero se desconoce desde 1975.

La Jornada

La senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó este martes una denuncia en la Procuraduría General de la Repúblidca contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, por la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra.

La también activista precisó que si bien el ex mandatario fue investigado por su responsabilidad en la matanza estudiantil de 1968 -durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz-, hasta ahora no se ha indagado lo relativo a la práctica de la desaparición forzada ejercida contra cientos de luchadores y militantes políticos durante su sexenio.

El colectivo "Eureka", el cuál ella encabeza, está conformado por familiares de activistas desaparecidos durante la administración de Echeverría. En abril de 1975, el hijo de la actual legisladora del PT fue detenido y desde entonces se desconoce su paradero.

En el marco del Día Internacional del Desaparecido, Rosario Ibarra decidió presentar formalmente la denuncia penal, y con ello resaltar la grave situación de injusticia que persiste en el caso de muchos desaparecidos políticos quienes no han sido presentados ni liberados, y los responsables permanecen en la impunidad.

martes, julio 13, 2010

Regresa a casa luchadora social desaparecida 4 días en Juárez

Clara Ramírez coordina comité del gobierno legítimo y dirige un comedor infantil

Según familiares y allegados, un grupo que le requería pagos mensuales la había
amenazado de muerte, pues "manejaba mucha gente"

Organizaciones se habían unido para su búsqueda

Clara Ramírez Ojeda, coordinadora del Comité Territorial en Defensa de la Economía Popular Las Haciendas del Gobierno Legítimo de México, quien fue reportada como desaparecida hace cuatro días, regresó anoche a su casa, informó Manuel Otero, de Redes Universitarias. La organización informó que este domingo emitirá un comunicado.

La Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular y las Redes Universitarias de Ciudad Juárez informaron sobre la desaparición forzada de la señora Ramírez Ojeda, quien según familiares y allegados había sido amenazada de muerte por un grupo que le requería el pago de cuotas mensuales porque manejaba mucha gente.

El jueves por la mañana sus familiares denunciaron ante la Subprocuraduría de Justicia Estatal Zona Norte que Ramírez Ojeda no volvió a su casa la noche anterior, pero hasta hoy sábado agentes de la Policía Investigadora iniciaron la pesquisa e integración del expediente.

Los comités del gobierno legítimo y el Frente Plural Ciudadano habían demandado el apoyo de la comunidad y se unieron a las demás agrupaciones para comenzar las tareas conjuntas con el propósito de dar con el paradero de la activista.

Ramírez Ojeda es directora del comedor infantil Caritas Felices, donde diariamente desayunan más de cien niños, incluidos sus nietos, y es muy conocida por sus actividades de autosustentabilidad comunitaria y gestoría de servicios.

La desaparición conmovió a las organizaciones sociales juarenses debido a que la activista y luchadora tiene muchos años de trayectoria, y este sábado avanzaba una respuesta concertada para lograr su localización, informó la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular.


En imagen de archivo, la activista Clara Ramírez Ojeda, quien había sido reportada como desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua Foto La Jornada
En el contexto internacional Ciudad Juárez e incluso el estado de Chihuahua figuran como una zona de guerra por la acción del crimen organizado, la intervención federal para contrarrestarlo y las amenzas consumadas contra defensores de los derechos humanos.

Entre los activistas que han perdido la vida sobresalen la profesora Flor Alicia Gómez López, sobrina de los dirigentes sociales Alma Gómez Caballero y Eduardo Gómez, violada y ultimada por encapuchados en la región serrana de Tómochi, municipio de Guerrero, el 30 de noviembre de 2009.

Un día antes, hombres armados ejecutaron al estudiante Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Servando Pineda Jaime y Marisela Ortiz Rivera, respectivamente voceros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Semana y media antes –el 19 de noviembre del mismo año– se dio a conocer que luego de varias amenazas y atentados que incluyeron los asesinatos de su hijo en 2008, de su esposo en octubre de 2009, la defensora humanitaria Alicia Salais Orrantía, de 55 años, en noviembre de 2009 fue levantada por un comando que irrumpió a su casa en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El 29 de mayo de 2009 el profesor universitario Manuel Arroyo Galván fue asesinado en Ciudad Juárez.

Al periodista Armando Rodríguez, El Choco, lo acribillaron a finales de 2008 afuera de su casa en la misma localidad; y en marzo de ese año –en Casas Grandes– fue ultimado el líder agrario Armando Villarreal Marta, de reconocida fama por su activismo en favor de productores y campesinos.

miércoles, junio 09, 2010

Saldos de la Escoria


En la foto: Ernestina Herrera de Noble con sus hijos Marcela y Felipe Noble Herrera


La escoria política siempre deja largas secuelas. La desaparición y la búsqueda, entre las principales. En la Argentina, sabemos, hay todavía muchas personas que exploran todos los rincones que pueden para dar con el paradero de seres queridos atropellados por la dictadura. Las Abuelas de Plaza de Mayo, organización cabeza de tal lucha, tiene muchos años recuperando nietos, es decir, hombres y mujeres de aproximadamente, hoy, 35 años que nacieron en centros clandestinos de detención y fueron entregados a otras familias con papeles falseados por los militares.

El método habitual para tener éxito en la identificación es científico y pasa por un examen de ADN. Las Abuelas han sugerido la prueba a los jóvenes que tienen ahora poco más de treinta años y sospechen o sepan que fueron adoptados en condiciones anómalas. Pueden ser hijos de desaparecidos. Hace pocos meses, por ejemplo, corrió en el mundo la noticia de que las Abuelas habían recuperado al nieto número cien, Francisco Madariaga Quintela. Y así siguen, escarbando en el pasado, hurgando en el presente y sugiriendo la prueba a quienes por experiencia de vida sospechen que algo raro hay en sus orígenes como hijos.

Uno de los casos más sonados y actual bombazo informativo en la Argentina es el de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de Roberto Noble y Ernestina Herrera de Noble. La señora Herrera de Noble es desde 1969, cuando murió su esposo, la dueña del Grupo Clarín, monstruo mediático que en la Argentina maneja publicaciones, televisión, radio y cine. Pues bien, hay sospechas fundadas de que Marcela y Felipe son, por así decirlo, hijos “irregulares” de la señora Herrera de Noble, es decir, que durante la dictadura ella los tomó en adopción con documentos apócrifos.

En el artículo “La señora y sus extraños herederos” (El Mundo, 2002), Mempo Giardinelli apunta: “La acusación que afectó a esta discreta dama, que se ocupó de eludir siempre cualquier posibilidad de figurar y soportó con estoicismo las infinitas suposiciones acerca de su conducta y sus preferencias, no es menor. El juez federal del más elegante suburbio bonaerense (San Isidro) Roberto Marquevich, la hizo arrestar en el marco de una causa en la que investiga la adopción de los dos hijos de esta mujer: Marcela y Felipe Noble Herrera. La niña se sospecha nacida en la próspera provincia de Mendoza. El niño, en la siempre castigada Tucumán. La acusación es grave y —para Argentina— emblemática: ‘Uso de documento público falso’. Lo que, traducido, significa que dichos menores pudieron haber sido hijos de militantes políticos encarcelados y luego desaparecidos, entregados en adopción de manera irregular. La Argentina de estos años está colmada de estos casos, y la sociedad hipersensibilizada al respecto (…) A lo que hay que añadir que Marcela y Felipe Noble Herrera son los herederos de una fortuna de 1.000 millones de euros y de un gigantesco poder, el cual perderían en caso de probarse otras filiaciones. Y esto también dejaría al Grupo prácticamente acéfalo, toda vez que el matrimonio entre Roberto Noble y Ernestina Herrera no tuvo descendencia natural”.

El caso es enredado, y tuvo como arranque el marco ominoso de la dictadura (sigue Giardinelli): “Y es que la historia de la actual desdicha de esta mujer también comienza —como casi todas las tragedias contemporáneas de Argentina— en las frías y macabras noches del otoño y el invierno australes de 1976, cuando, a partir del golpe de estado del 24 de marzo, la Junta Militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera se apoderó de vidas y bienes en este país. En aquel entonces el diario Clarín, como casi todos los medios periodísticos de la Argentina, debió someterse a la autocensura y el autoritarismo más feroz. Las desapariciones de personas se producían por decenas cada noche y todas las garantías constitucionales estaban suspendidas, en medio del toque de queda y el estado de sitio. Y como se supo muchos años después, ése fue el periodo en el que se produjo la mayor cantidad de apropiaciones ilegales de bebés, entregados a jerarcas y amigos del régimen”.

Pasados mil vericuetos, leo en La Opinión que “Después de ocho años de investigación, ayer comenzó el análisis genético que determinará si Marcela y Felipe Noble, hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, son hijos de desaparecidos políticos durante la dictadura argentina (1976-1983)”.

Como digo, la escoria política siempre deja largas secuelas. Es imposible saber cuántas dejará en México el imperio de horror que hoy nos azota.

jueves, abril 29, 2010

Reporteros de Contralínea continúan desaparecidos




Érika Ramírez y David Cilia, periodistas del semanario Contralínea, y otras dos personas (David Venegas, de la organización VOCAL, y Noé Bautista) permanecen desaparecidos en las inmediaciones de la comunidad autónoma de San Juan Copala, municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca.


Al igual que los defensores de derechos humanos, los reporteros formaban parte de la caravana de paz que partió al medio día de ayer, 27 de abril, con destino a ese poblado. Integrada por al menos 25 personas, la caravana tuvo por objetivo documentar las graves violaciones a las garantías individuales que padecen los triquis, impulsores de la autonomía. Además, llevar ayuda humanitaria consistente en alimentos y medicamentos.


Hasta el momento, se desconocen las condiciones de salud de los cinco desaparecidos, incluyendo los periodistas del semanario Contralínea, quienes podrían haber sido privados de su libertad por el presunto grupo paramilitar, de filiación priista, Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).


A su regreso a Juxtlahuaca, aproximadamente a las dos de la tarde de este 28 de abril de 2010, el operativo policiaco de rescate –que envió el gobierno del priista Ulises Ruiz– afirmó “no haber encontrado heridos” en la zona donde ocurrió la emboscada.


Lamentablemente, sí fueron localizados dos cuerpos: el de Yyry Jakkola, observador de origen finlandés; y el de Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos.


Entrevistado por Contralínea, el comandante del operativo, Lázaro Hernández, aseguró que los 45 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, los médicos y los peritos regresarán al lugar de los hechos, para hacer una búsqueda exhaustiva. En su primer recorrido, los policías estatales tampoco dieron con los responsables de la agresión.


Mónica Citlali Santiago, una sobreviviente con herida de bala en la espalda, refirió que todos los vehículos que integraban la caravana de paz fueron rafagueados por los dos costados. Al salir del hospital de Juxtlahuaca esta mañana, dijo que la agresión ocurrió muy cerca de la comunidad autónoma de San Juan Copala.


Érika Ramírez y David Cilia se dirigían a ese poblado autónoma a documentar el asesinato de las locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril de 2008 en una emboscada, también ejecutada por el grupo paramilitar Ubisort.


San Juan Copala se ubica en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca. Conformada por más de 700 habitantes, la comunidad se declaró autónoma el 1 de enero de 2007; desde entonces, enfrenta la violencia paramilitar derivada de la supuesta disputa de tierras entre las organizaciones Ubisort (identificada con el gobierno de Ulises Ruiz), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (impulsor del municipio autónomo).


Contralínea repudia la agresión y exige la presentación con vida de sus periodistas, Érika Ramírez y David Cilia, y de los defensores de derechos humanos David Venegas y Noé Bautista.

miércoles, abril 28, 2010

Camposantos y Fosas Comunes

Museo de Historia Mexicana.


Quisiera compartir algunas reflexiones motivadas por un intercambio de ideas que hubo ayer en Monterrey a propósito de la política de militarización implementada por la administración calderonista y sus claros efectos en los derechos humanos.

El dato que sobre sale de entre todos es la cantidad ascendente de vidas humanas perdidas. Por desgracia, a los medios, esos actores de la vida pública que se encargan, precisamente, de mediar nuestras representaciones sobre la realidad, les interesa concentrarse en dos tipos de eventos: la suma de las cantidades de muertos que van sumándose a la pila de cadáveres, y luego, en darle una profusión enorme a las declaraciones de funcionarios y a la lectura de los boletines oficiales.

En el camposanto que se esmeran en construir los medios (cuántos muertos van, cuántos hubo hoy, cuántos el último mes, o semana o día), el concentrarse tanto en las cantidades acumuladas lo que acaba por hacer, es ofrecer un panorama de un panteón en donde lo único que hay, salvo algunas excepciones, son las fosas comunes.

Una fosa común es un agujero abierto donde quienes perdieron la vida también perdieron toda seña de identidad personal. En primer lugar, si se trataba realmente de personas vinculadas a las organizaciones delincuenciales; puesto que una vez que los militares han declarado que se trataba de sicarios, los medios siguen la versión transmitiéndola profusamente, ya no hay cabida entonces para que las autoridades civiles inicien alguna investigación conforme a derecho, como es su deber y como lo establece la propia Constitución. Así, se teje una maraña de silencio y de invisibilidad sobre la identidad de los fallecidos.

Una de las consecuencias de la política militarizadora es que las fuerzas armadas no tengan qué responder por los actos en los cuales hubo, precisamente, víctimas fatales. Está dentro del fuero del que actualmente gozan, el que impere la opacidad de lo que realmente sucedió, y de quiénes fueron las personas abatidas.

“Operativos exitosos”, los llaman los boletines y declaraciones triunfalistas de los funcionarios. “Ajustes de cuentas entre delincuentes o pandilleros”, como lo llegó a afirmar el propio Calderón cuando la tragedia de Salvárcar en Ciudad Juárez. Ahí es donde el gobierno pretende que se detenga toda pesquisa, toda información. En sus declaraciones y en ese cierre total de compuertas para saber la verdad.

Sólo cuando los deudos de las víctimas declaran abrirse paso, por varias causas, entre esa maraña de boletines oficiales y de la tormenta de imágenes proporcionada por los medios (la exhibición de cuerpos caídos para en seguida añadir imágenes de casquillos disparados y el supuesto arsenal capturado), sólo cuando los deudos, los amigos, conocidos, vecinos de las víctimas se atreven, juntos, a contar la verdad, es cuando más o menos se logra salir de todo ese tupido ramaje de las triunfalistas declaraciones oficiales. Con el detalle de que las víctimas inocentes ya fueron sometidas a una intensa campaña de estigmatización.

Si esa movilización de los deudos y sus redes de conocidos, de familiares, no logró (por razones distintas) abrirse paso, sus muertos van a dar a la fosa común de personas sin ninguna identidad. Van a dar a esa estadística cruel de las cifras acumuladas. Nada de su pasado, nada de sus esfuerzos. Nada. Simplemente, la nada.

Existe la presunción, la hipótesis, la suposición, de que una parte considerable de las víctimas formaban parte del narcomenudeo. Tiene sentido: no tendríamos por qué renunciar a la experiencia histórica, de aquí y de otros lugares, de ahora y de otros tiempos, que nos señala lo siguiente: en los conflictos que conllevan la pérdida masiva de vidas, los primeros en caer, y quienes aportan la mayor parte de la escalofriante aritmética de la muerte, son las personas más vulnerables. Aquellas que no contaban con redes de protección colectiva, institucional, o grupal.

Ojalá se entienda que la hipótesis anterior es sólo éso: una guía, una pista con la que se puede contar ante la total ausencia de investigaciones conforme a derecho para saber la identidad de los muertos. No se trata por consiguiente de victimizar a diestra y siniestra a todas las personas fallecidas, ni de levantar un discurso maniqueo y sin matices. Lo que se trata de señalar es que una parte considerable de los muertos sigue sin ser aclarada, sigue sin saberse quiénes los asesinaron, continúa la ignorancia de conocer lo que hacían. Por lo que tiene que presumirse su vulnerabilidad extrema, en el sentido de que carecían de esas redes de protección. ¿Eran parte del “narcomenudeo”? Es posible. ¿Eran personas inocentes colocadas en una situación de indefensión total, y de las amenazas hacia sus deudos? Es también posible.

Lo cierto es que mientras continúe la actual política militarizadora, la cual tiene como anexo el fuero militar y la opacidad de los aparatos de represión del Estado, la sociedad civil se encuentra en un estado de ignorancia sobre la identidad de los miles de muertos.

Resulta hasta un contrasentido el que esa misma política calderonista asegure fijarse el “imperio de la ley”. Pues si realmente se quisieran saber los móviles concretos que impulsan a personas concretas a delinquir, tendrían que realizarse investigaciones serias, conducidas conforme a derecho, a fin de conocer sus biografías individuales y familiares. Las posibilidades que les ofrecían sus mundos de la calle, o sus mundos del trabajo, y que les resultaron insatisfactorias y las convirtieron en presas de las organizaciones de delincuentes.

Pero como la orden asumida por soldados o marinos entrenados para matar al “enemigo” no incluye, para nada, hacer ningún tipo de investigaciones, sino sólo eso, echar bala a quienes les parezcan sospechosos, entonces se abre un ancho panorama para la ignorancia de los propios defensores de la “guerra” y de la militarización respecto a quiénes son sus “enemigos” y por qué arriban a ese estado de confrontación.
El “imperio de la ley” preconizado por Calderón no es sinónimo de echar balazos. Que lo digan las familias y seres queridos de los inocentes. Que lo digan las propias fuerzas armadas sometidas a un desgaste en su prestigio y en su presencia como institución republicana.

El “imperio de la ley” es asunto también de una ciudadanía dispuesta a expresarse y a movilizarse de maneras distintas. Es muy sintomático que hayan surgido colectivos estudiantiles. Y que de nuevo se relance el tema de la defensa de los derechos humanos. Queda abierto un panorama donde la imaginación, la creatividad mezclada con una justa indignación, puedan dar el paso a métodos y maneras para condensar una incipiente movilización social en organizaciones más cohesionadas y establecidas, como los observatorios ciudadanos, los comités civiles para la rendición de cuentas, las asociaciones que se vayan sumando a empoderar a la sociedad civil.

Ante la cerrazón de las actuales autoridades, va quedando claro que no queda de otra sino por una apuesta seria a explorar maneras para organizarse desde abajo. Pues de otro modo, la perspectiva es que se sigan cavando fosas comunes de anonimato, de personas sin nombres, sin derechos, sin ninguna identidad, en medio de este crecimiento numérico del camposanto.


Saludos.

José Antonio Trujeque

domingo, abril 18, 2010

Conmemoración de los 33 años del Comité Eureka, 35 de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra

Invitación
Conmemoración
33 años del Comité ¡Eureka!
35 años de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra


Comité Eureka invita a conmemorar los 33 años de existencia del Comité ¡Eureka! y los 35 daños d e la desaparición del Jesús Piedra Ibarra. Próximo domingo 18 de abril en la acera frontal de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México de las 11:00 a las 13:00 horas.

¡Vivos los llevaron¡ ¡Vivos los queremos¡

lunes, abril 12, 2010

Reforma Constitucional Sobre Derechos Humanos


Discurso de la senadora Rosario Ibarra, ante el pleno de la cámara alta, el pasado 8 de abril, al discutirse la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos humanos.

Rosario Ibarra

Señoras y señores Senadores:

Lamentablemente, la sensibilidad política de la Mesa Directiva le llevó a extender el turno de esta importante minuta solamente hasta un punto en que olvidó incluir a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ello a pesar de que la minuta que viene de la Cámara de Diputados originalmente lo es de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de derechos humanos de la colegisladora. A pesar también de la historia de los antecedentes de este tema, como se recoge en el capítulo correspondiente del texto que nos ocupa, en que permanentemente se incluyó, aunque fuera sólo para opinión, a la Comisión de Derechos Humanos.

Me veo obligada, por tanto, a pronunciarme, aunque sea en lo general sobre el dictamen, consciente de la dificultad para influir ya a estas alturas en su contenido. Lo hago obligada no sólo por mi compromiso e interés personal en el tema o por el compromiso institucional que se deriva de mi carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sino que más allá de un protagonismo inútil, tengo también el compromiso adquirido con organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas que incluso, en su momento, fueron convocados por el Congreso a opinar sobre una necesaria reforma integral a los derechos humanos en el nivel constitucional. Después de meses de trabajo en foros y seminarios, con la colaboración también de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se obtuvieron también importantes resultados. Apoyada en esas conclusiones es que me permití en su momento presentar un proyecto de iniciativa de reforma constitucional como reconocen los antecedentes de la presente minuta.

Este debate ocurre en un contexto de violencia y en un momento crítico de terrible descomposición social y política, marcado por la militarización del país y las recurrentes violaciones a derechos humanos. Ocurre también con la existencia de instituciones pretendidamente dedicadas a la protección de derechos humanos incapaces de hacerlo y sin real autonomía con respecto al poder al que deberían, primeramente, vigilar. En un momento en que, como se ha denunciado aquí, se extiende la inhumana práctica de criminalizar la protesta social. En que oficinas como las del Secretario de Gobernación dice preocuparse por el llamado de atención que desde Ginebra se expresa por el retraso de México en realizar esta reforma constitucional de derechos humanos y todavía ayer recurre a la vulgar práctica de poner celadas a movimientos sociales como lo hicieron sus funcionarios al citar a dirigentes campesinos que, de buena fe quieren dialogar en torno a sus demandas, en un café para entregarlos en un aparatoso operativo a la policía. Con esos antecedentes me preocupa que la reforma que seguramente hoy será aprobada, incluyendo algunos aspectos legítimos y positivos que tradicionalmente hemos demandado, se convierta en una pantalla que oculta una realidad represiva y autoritaria que no se modifica sino que se refuerza, bajo el argumento conformista de que “hasta aquí se logró” y de que es mejor poco que nada. El problema no es, como ya sé que me dirán, la disyuntiva del todo o nada, sino de que el poco sirva como propaganda para pretender ocultar esa realidad represiva y autoritaria, propia de un estado policiaco que se va imponiendo en la realidad. Un estado policiaco en vez de un Estado garantista de derecho, con cara lavada por una reforma que nombra al primer capítulo de su Constitución como el de los derechos humanos.

Lo anterior en un proceso que se pretende culminar con la minuta que ahora se discute; reconozco que la misma presenta algunos avances, como la adopción parcial en nuestro orden constitucional de los últimos avances del derecho internacional de los derechos humanos, el reconocimiento del derecho al asilo o la abolición de la arbitrariedad para expulsar a personas extranjeras de nuestro país, como propusimos en su momento.

De igual modo, resulta positiva la introducción de los derechos humanos como parámetro en la conducción de la política exterior, aunque considero que la misma debe buscar justamente la promoción de los derechos fundamentales y no debe nunca ser pretexto para mermar o incluso violentar otros principios igualmente valiosos en la misma función, como lo es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, entre otros. Pienso que para este caso la hermenéutica constitucional permitiría elaborar una ponderación axiológica que haga prevalecer el principio más adecuado en cada situación particular donde haya un conflicto entre los mismos. No debe servir como pretexto para subordinar la política mexicana a los designios de potencias imperialistas que hipócritamente afirman defender derechos humanos y realizan invasiones, masacran pueblos y no solamente violan la soberanía nacional de otros pueblos, sino que extienden y generalizan la violación a los derechos humanos.



Otro tema igualmente relevante es el del establecimiento de un núcleo duro e irreductible de derechos que no pueden ser suspendidos, aún para enfrentar las situaciones de emergencia que refiere el artículo 29 constitucional. En general estoy de acuerdo con imponer esas restricciones. El primero de ellos tiene, sin embargo, una redacción ambigua. El derecho a la vida se ha convertido en un lema de aquellos que se oponen al derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. En el contexto del artículo 29, por supuesto, entendemos que el derecho a la vida implica que en ninguna situación de emergencia se justifican las ejecuciones, los asesinatos, la desaparición forzada, todas esas prácticas inhumanas que por cierto vemos estos días en lugares como Ciudad Juárez o Monterrey para mencionar solo 2 casos en que se ejecuta a civiles, generalmente jóvenes o pobres, acusados falsamente de pandilleros o delincuentes, lo que de ser cierto tampoco hubiera justificado tales crímenes. Por eso me preocupa dejar asentado, en caso de que tal redacción no sea modificada para hacer explícita nuestra oposición a esas ejecuciones y asesinatos, el que el sentido de los legisladores actuales va en esa dirección y no en otra que, mañosamente, en el futuro se le quisiera dar. Debe darse al derecho a la vida ese sentido preciso sobre todo porque en los últimos años algunos sectores han querido contraponerlo a la despenalización del aborto, aún y cuando la Suprema Corte ha resuelto que la misma es constitucional. La no suspensión del derecho a la vida no debe interpretarse para contravenir el criterio que al respecto fijó ya el Tribunal Constitucional. Lo que busca esa adición es proscribir las ejecuciones aún durante una situación de emergencia, pero nada indica que deba orientarse hacia la conculcación del derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria.



Sin embargo, los avances de la reforma son insuficientes ante la gravedad de los atropellos del poder público desde hace ya varios años; ¿cómo enfrenta esta reforma las muertes de personas inocentes víctimas de la presencia militar en las calles haciendo lo que la propia constitución les prohíbe? ¿cómo atiende impunidad que provoca el fuero militar? ¿Qué les responde a las miles de personas que víctimas de un abuso del poder encuentran un órgano ineficaz para lograr un respeto pleno a los derechos humanos, pero que en cambio resulta sumamente oneroso para las finanzas nacionales?



Esas preguntas me llevan a afirmar que la reforma no toca instituciones autoritarias como el propio fuero de guerra, el cual bajo su actual estructuración ha permitido que cualquier delito que pueda definir la legislación común, se convierte en militar por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las fuerzas armadas, permitiendo que el fuero de guerra se convierta en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento de la igualdad ante la ley y del principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario, según el artículo 21 constitucional. Nuestra iniciativa proponía abiertamente eliminar ya ese anacrónico fuero de guerra.

No se atiende la iniciativa que propone derogar tanto el subsistema de excepción para la delincuencia organizada, el cual suprimió de manera injustificada las garantías procesales de las personas acusadas de delitos relacionadas con aquella, como el arraigo, que es en realidad una forma de detención preventiva de carácter arbitrario ocasionada por un insuficiente control jurisdiccional. Es parte de las contradicciones que representa esta iniciativa y que pretendíamos combatir en nuestra propuesta: por un lado se eleva a carácter constitucional los derechos humanos y por el otro se vienen aprobando reformas como la llamada reforma judicial que limitan tales derechos.

En fin, tampoco atiende la propuesta de introducir, en lugar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la figura del Defensor del Pueblo, el cual sería titular de la acción de amparo contra la violación de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales. Proponer que la CNDH pueda iniciar denuncias penales ante violaciones a derechos humanos o recomendaciones no atendidas, que de todos modos ya está incluido en su ley orgánica, es un regreso al origen del problema. Si las instituciones defensoras de derechos humanos se crearon por las insuficiencias del sistema de justicia, ahora se propone que puedan recurrir a ese sistema de justicia para lograr que sus recomendaciones sean atendidas. Es una prueba más del fracaso e inutilidad de la CNDH y la necesidad de un cambio radical como el que propusimos de sustituir a la misma por el Defensor del Pueblo.

Estas insuficiencias son aún más preocupantes porque al parecer ésta es la única reforma que sobre derechos humanos se aprobará en esta legislatura, pretendiendo que con la misma se atienden los graves problemas y demandas que sobre el particular existen. No puedo aceptarlo; todo el dolor y los atropellos que producen tanto autoritarismo como la falta de control en el ejercicio del poder, me llevan a reservarme el derecho de seguir impulsando una reforma integral sobre derechos humanos.



Muchas gracias.