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En 1995 hubo una crisis, supuestamente bancaria, porque los grandes capitalistas recibieron el aviso de Hacienda —entonces a cargo de Jaime Serra Puche, uno de los “doctores de la ley” de Salinas, heredado a Zedillo— de que se aumentaría el margen de flotación del dólar. En unas cuantas horas convirtieron grandes sumas a dólares que desplomaron las reservas del Banco de México a mínimos alarmantes. De pronto, el gobierno federal se encontró con que no tenía divisas suficientes para enfrentar sus obligaciones de pago en dólares.
Este desquiciamiento momentáneo fue pretexto para que las tasas de interés se dispararan y de un día para otro, miles de deudores vieran aumentados sus adeudos con los bancos en forma que los hacía impagables. Gente con capacidad de pago, por ejemplo, de 100 mil pesos, de pronto se vieron endeudados con 200 ó 300 mil pesos, que no sólo rebasaban su voluntad de pagar, sino su capacidad de hacerlo. Lógicamente, la mora fue inmediata y tuvo como consecuencia pelitos judiciales y embargos que llenaron a los bancos de papeles y bienes de deudores, sin que los pudieran convertir a pesos o moneda circulante, por lo que el gobierno federal —en vez de atender el problema en su causa: el alza unilateral de la tasa de interés, la declaración unilateral de mora, el desquiciamiento financiero por la especulación cambiaria, la indiscreción del secretario de Hacienda con unos cuantos especuladores— se enfocó a los efectos del llamado “error de diciembre” y decidió entrar al rescate contable de los bancos con el Fobaproa. Los banqueros, no los deudores, recibieron apoyo del gobierno, o sea, de los mismos deudores.
El Fobaproa fue aprovechado para meter todos los créditos irregulares e ilegales de los directivos bancarios, quienes aprovecharon su posición y el momento, para dejar de pagar lo que habían sacado de sus bancos, y meterlos al Fobaproa como “créditos incobrables”. Todavía hoy, muchos de esos “deudores morosos” bien colocados, siguen gozando de extensas líneas de crédito, jamás fueron reportados al Buró de Crédito, y se dan el lujo de fraguar y financiar un fraude electoral para imponer un Presidente de la República que jamás los llame a cuentas.
Como el Fobaproa tenía muchos cabos sueltos y hoyos por donde se asomaban las largas colas de las ratas, el mismo gobierno —presionado por sus “fuerzas vivas” y más que vivas— decidió desaparecerlo para crear en su lugar el IPAB, el supuesto instituto para la protección de ahorro bancario.
La nueva Ley de IPAB fue muy polémica, especialmente porque significaba reconocer como deuda del gobierno federal, pagadera con cargo al presupuesto público, y porque se presentaba en el contexto de la campaña presidencial del 2000, con un electorado hastiado de las corruptelas y excesos del PRI y que pedía conocer los fraudes cometidos por banqueros, a quienes se “rescataba” con dinero público. El grupo legislativo del PAN, entonces liderado por Felipe Calderón, inicialmente se opuso a tal ley, pero cuando su candidato Vicente Fox transó con Ernesto Zedillo, el voto panista se unió al del PRI para aprobar la mentada ley. El argumento para aprobarla fue impedir que “desaparezca el Sistema Financiero Nacional” (que de todos modos desapareció por la vía de su venta al extranjero), subsidiando a los bancos “rescatados de la quiebra inminente” con pagarés que les rinden altos intereses pagados con impuestos.
PRI y PAN, coludidos, tendieron un manto de impunidad a los banqueros.
Igual contubernio se utilizó para aprobar la nueva ley del Seguro Social, ordenada por el Banco Mundial a fin de impedir que el gobierno siguiera destinando presupuesto a la seguridad social, para que ésta pasara a manos de operadores privados. En este caso el pretexto fue “la descapitalización de los fondos de pensiones”, sin jamás explicar a dónde fueron a parar las reservas que año con año se alimentaban del presupuesto y que debían generar intereses reinvertibles.
El Seguro Social jamás había tenido problemas de liquidez que le permitía construir y equipar hospitales de tercer nivel de atención, con tecnología avanzada, o abrir clínicas rurales; construir y operar centros vacacionales para sus derechohabientes; construir y operar teatros y centros de esparcimiento público, así como guarderías para empleadas y derechohabientes, además de cumplir con las indemnizaciones, jubilaciones y pensiones a que estaba obligado por ley… hasta que llegaron los tecnócratas.
Con el neoliberalismo se inició también un saqueo continuo de las reservas del instituto, que aún hoy no se acepta que sean auditadas —para ver quién y cuándo sacaba recursos—, al tiempo que prácticamente se cancelaba el presupuesto de inversión y sólo se otorgaba, cada vez más mermado, el presupuesto de operación. Ya no se autorizaban nuevas plazas y las que se desocupaban —por jubilación o “retiro voluntario”— quedaban automáticamente “congeladas”, para reducir el monto operativo.
El abasto de medicinas, eterno problema sin solución —más por intereses económicos que por otras razones—, se hizo crítico y los nuevos administradores tecnócratas imponían disposiciones para sujetar a los profesionales de la medicina a nuevos esquemas rígidos que atendían factores financieros antes que médicos. La “administración” sometió a sus caprichos a la ética médica. El derechohabiente se vio sujeto a un limitado Cuadro Básico de medicamentos al que los doctores debían sujetarse.
Pero como esto no era suficiente para retirar el apoyo gubernamental a la medicina social, el Banco Mundial ordenó cambiar la ley, para que los trabajadores aumentaran sus aportaciones, ya no al IMSS directamente (para evitar suspicacias de malos manejos), sino al nuevo instrumento creado por Carlos Salinas, las Afores privadas. De ese modo, el gobierno deja de destinar presupuesto al IMSS, para dedicarlo al servicio de la creciente deuda —principalmente interna—, y se estimula la participación del sector privado en el manejo de esa masa monetaria tan suculenta, por la vía de los bancos y las Afores.
Presentada a la carrera y con muchos errores de planteamiento y operación, pese a la oposición del sindicato del Seguro Social —que por primera vez exigió una Auditoría a las reservas de pensiones y jubilaciones, que supuestamente ocasionaban la crisis financiera del instituto— y de legisladores que sospecharon de la premura con que se quiso aprobar la ley, ésta se aprobó. Y no hubo auditoría, porque habrían salido a la luz los desfalcos a esos fondos de retiro y el verdadero propósito de privatizar los servicios esenciales del Seguro Social, dejando intocada su estructura burocrática que debe autofinanciar sus prestaciones.
Vista la facilidad con que cumplieron las órdenes del Banco Mundial, éste de nuevo ordenó continuar la privatización de otras instancias de seguridad social y otra vez el dúo avieso del PAN y PRI se coludieron para imponer una nueva legislación a los trabajadores del Estado, para suprimirles prestaciones y hacer que ellos mismos financien las que sean ineludibles.
Atropellados, en unos cuantos días presentaron, discutieron y —salvando trámites y discusiones— aprobaron una Ley del ISSSTE que, al igual que la del Seguro Social, sólo pretende quitarle al Gobierno-patrón la responsabilidad de aportar a la seguridad social de sus empleados, a quienes deja a expensas de los buitres bancarios privados.
Sin entrar en averiguaciones para saber dónde quedó la reserva que había, el Gobierno del PAN sólo dijo que el ISSSTE estaba en supuesta “quiebra técnica” y que si no se aprobaba la ley, quebraría completamente, olvidando que: 1) como instancia pública, es imposible que quiebre, pues su objetivo no es lucrar, tener ganancias; 2) que el solícito Gobierno acudió en apoyo a unos cuantos vivales banqueros e “inversionistas” para rescatar los sistemas “bancario” y “carretero” nacionales, a un costo gravosísimo para las finanzas públicas.
Y aquí es donde reside todo el problema. Para pagar los “rescates” a banqueros y acreedores, el Gobierno necesita dejar de asignar presupuesto al IMSS, ISSSTE y tantos otros compromisos públicos, que son la verdadera razón de ser de un gobierno. El dinero que deje de aportar a esas obligaciones legales, el gobierno lo destinará al servicio de los pagarés que ha repartido como volantes, pues a los del IPAB y el rescate carretero, se suman los papeles de deuda interna colocados en las famosas “bursatilizaciones” o Bolsa de Valores. Para hacerse de recursos frescos, por ejemplo, PEMEX colocó papeles de deuda en el mercado de valores, que el gobierno tiene que pagar y ante la baja del petróleo, prefiere arruinar a la ciudadanía que a los especuladores.
Por más que se insistió en que se averiguara dónde quedaron las reservas acumuladas del fondo de jubilación, tanto del IMSS como del ISSSTE, como de las otras instituciones que vayan a “renovarse”, el gobierno prefirió el camino fácil del desprestigio popular —que, según su óptica, puede contrarrestarse con otros torrentes de spots y “cadenas nacionales”— y echar tierra en los peculados de antiguos directores del Seguro Social y en los desfalcos del prominente “gordillista”, hoy destacado legislador del PAN, Benjamín González Roaro, durante su tiempo al frente del ISSSTE, así como en los numerosos créditos del FOVISSSTE que le sirvieron a Elba Esther Gordillo, la dueña del sindicato magisterial, para afianzar su garra sobre esa unión de trabajadores.
Como reza el dicho “muerto el perro, se acabó la rabia”, el desaparecer los antiguos mecanismos de aportación y reserva, se esfuman las posibilidades de auditar las participaciones gubernamentales y, por ende, se refuerza la impunidad de los saqueadores del erario público, de uñas menos largas que su servilismo al nuevo poder hipócrita de la “gente decente y responsable” que “lucha por la vida” fácil y espléndida.
Aumentando la corrupción y la impunidad, es su forma de “salvar al país”.
