Rafael Alvarez Díaz en La JornadaA cinco años del asesinato de Digna Ochoa, la interpretación de su muerte sigue siendo polémica; quizás en un lustro más nadie dude que se trató de un crimen político, como afirmó el procurador Bernardo Bátiz, presente en el lugar de los hechos en su declaración primera, que según el criterio aplicado cotidianamente por jueces y agentes del Ministerio Público debe ser considerada la de mayor autenticidad, pues se presume que está libre de aleccionamiento, presiones e influencias diversas.
Después del estupor y la confusión iniciales, comunes a los asesinatos políticos, las interpretaciones interesadas han abundado.
Para algunos historiadores la mejor manera de abordar un hecho histórico en su complejidad es la perspectiva de larga duración (F. Braudel, 1968). Ahora quizás sea demasiado pronto para entender cabalmente los hechos; los intereses, las pasiones y las presiones siguen vigentes y activos, al punto de ensombrecer y obstaculizar una investigación seria, profesional e imparcial, que aún seguimos esperando y a la que tenemos derecho como sociedad agraviada en la persona de una de sus defensoras. Al parecer estamos ante otro caso en el que la verdad histórica y la jurídica no se encuentran. Mientras eso sucede, amplios sectores de la comunidad local e internacional de defensores de derechos humanos tienen ya su propia opinión.
En su momento se dijo que a Digna la mataron dos veces: la primera en el despacho donde trabajaba; la segunda cuando se intentó convencernos de la versión del suicidio y para ello se usaron impunemente y sin ningún escrúpulo medios legales e ilegales, morales e inmorales: se distorsionó su imagen pública, se enlodó su nombre, se violó su intimidad y prestigio personales; también se pasó por encima del sigilo propio de la investigación criminal, se borraron o alteraron evidencias, se sembraron otras, se pagaron peritajes a modo y dilapidaron fondos públicos en cabildeos locales e internacionales.
En contraste con esta desmedida campaña han aparecido la película documental Digna hasta el último aliento, de Felipe Cazals (2004), y el libro Traicionada, de Linda Diebel (2006). Se han compuesto corridos y otras expresiones del sentir popular (una trajinera de Xochimilco fue bautizada con el nombre de Digna), que a su manera y con sus propios medios tratan de cumplir la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigida al Estado mexicano, consistente en revindicar la imagen de Digna Ochoa y con ella la de todos los defensores de derechos humanos mexicanos.
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