Miguel Concha Hoy se cumplen 15 meses de la tragedia de Pasta de Conchos. Llamada de alarma para recopilar algunos de los hechos más bochornosos en torno a la justicia por ese dramático acontecimiento, y no permitir que permanezca la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias.
El 15 de noviembre de 2006 algunas de las viudas de los mineros sacrificados solicitaron al titular del órgano interno de control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), acceso al expediente en el que se estaba investigando la responsabilidad de los servidores públicos. El 30 de noviembre se les responde que éste es "confidencial", y que ellas, las viudas, no tienen "interés jurídico".
El 20 de diciembre se promueve un juicio de amparo, y el 23 de enero de 2007 el juez les entrega las mil 365 copias certificadas de la investigación. Sin embargo, ¡oh cumplimiento de las resoluciones judiciales!, el expediente fue entregado incompleto. El mismo juez tuvo que reordenar a la STPS que entregara la documentación faltante. Pocos días antes de que se cumpliera el año de la tragedia, autoridades de la STPS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del gobierno de Coahuila presionaron y mintieron a las familias para obligarlas a firmar cuanto antes su demanda de pensión por viudez, y por segunda vez el Ministerio Público de ese estado elaboró por su cuenta las actas de defunción de los 63 trabajadores que siguen atrapados en la mina, determinando él mismo las causas de su muerte.
El 28 de febrero de este año el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presentó su primer informe "Por una cuerda de vida para los mineros del carbón. Pasta de Conchos: una tragedia que debió evitarse". En él se explica y prueba lo que familias y trabajadores dijeron siempre: la explosión en Pasta de Conchos no fue un accidente, sino el resultado de la ambición y la negligencia de la empresa Industrial Minera México (IMMSA), la contratista General de Hulla, la STPS, el IMSS, la Secretaría de Economía y el sindicato.El 16 de marzo de 2007 la Procuraduría General de Justicia de Coahuila solicitó al juez de primera instancia en materia penal del Distrito de Sabinas la consignación de cinco empleados de la empresa, en los que se incluyó al gerente de la mina y al director de IMMSA, responsabilizándolos de obligaciones patronales, aunque, ¡oh vigencia del estado de derecho!, sin ser ellos los patrones. Se les acusa de homicidio culposo, lo que casualmente significa en Coahuila poder salir libre bajo fianza, y aunque el Ministerio Público exigió la "reparación del daño", la empresa, adjudicándose la representación de sus empleados, depositó la formidable cantidad de 180 mil pesos para cada una de las 65 familias. Sin haberse dictado sentencia condenatoria, ¡oh privilegios de la justicia!, y sin haber pisado la cárcel ninguno de los imputados, el expediente se fue al archivo como asunto concluido. Y nuevamente se presiona a las familias, diciéndoles, con base en no se sabe qué disposiciones jurídicas, que tienen un mes para cobrar sus 180 mil pesos, o los pierden. ¡Viva el estado de derecho!
Con fundamento en un dictamen sin valor científico sobre las condiciones de la mina, pagado después por la propia empresa, el pasado miércoles 4 de abril la empresa determinó que se suspendía el rescate de los 63 cuerpos de los trabajadores que continúan atrapados en su mina, y anunció al mes siguiente que dejaría de pagar a las familias el triple salario que se había comprometido a entregar, hasta que las indemnizaciones y pensiones fueran entregadas a las familias. ¿Por qué tanta prisa?
Aparte de ahorrarse lo que para ella no son sino unos cuantos centavos, ¿no estará queriendo ocultar pruebas que esclarezcan su responsabilidad? Entre los documentos que la contraloría interna de la STPS escondió, está la resolución con comparecencia (N.C. 043/06), con motivo del emplazamiento que la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila le hizo a IMMSA el 26 de mayo de 2006, y en la que "no se le otorga valor" a las documentales que presentó, porque "fueron elaboradas posteriormente".
Afirma además que "la empresa dejó de observar principios de seguridad e higiene con que debe contar todo centro de trabajo, lo que se considera como faltas graves, al incumplir dispositivos legales de observancia permanente". Califica también como "intencional" su conducta, "porque ha sido reincidente, ya que no dio cumplimiento a las disposiciones de seguridad e higiene que fijan las leyes y sus reglamentos".
Sin embargo, al Consejo de Administración de IMMSA no se le han fincado responsabilidades, y entre junio y diciembre del año 2006 la Secretaría de Economía le entregó cinco nuevas concesiones para la explotación de carbón. En Pasta de Conchos están sepultados, junto con los restos de 63 mineros, sus esposas, madres, padres, hijos, hermanas, abuelos y amigos. Por lo que reiniciar de inmediato el rescate de los restos de los trabajadores sepultados en Pasta de Conchos, significa rescatar lo que de vergüenza nos queda.
