Reforma Constitucional Sobre Derechos Humanos

Discurso de la senadora Rosario Ibarra, ante el pleno de la cámara alta, el pasado 8 de abril, al discutirse la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos humanos.

Rosario Ibarra

Señoras y señores Senadores:

Lamentablemente, la sensibilidad política de la Mesa Directiva le llevó a extender el turno de esta importante minuta solamente hasta un punto en que olvidó incluir a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ello a pesar de que la minuta que viene de la Cámara de Diputados originalmente lo es de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de derechos humanos de la colegisladora. A pesar también de la historia de los antecedentes de este tema, como se recoge en el capítulo correspondiente del texto que nos ocupa, en que permanentemente se incluyó, aunque fuera sólo para opinión, a la Comisión de Derechos Humanos.

Me veo obligada, por tanto, a pronunciarme, aunque sea en lo general sobre el dictamen, consciente de la dificultad para influir ya a estas alturas en su contenido. Lo hago obligada no sólo por mi compromiso e interés personal en el tema o por el compromiso institucional que se deriva de mi carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sino que más allá de un protagonismo inútil, tengo también el compromiso adquirido con organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas que incluso, en su momento, fueron convocados por el Congreso a opinar sobre una necesaria reforma integral a los derechos humanos en el nivel constitucional. Después de meses de trabajo en foros y seminarios, con la colaboración también de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se obtuvieron también importantes resultados. Apoyada en esas conclusiones es que me permití en su momento presentar un proyecto de iniciativa de reforma constitucional como reconocen los antecedentes de la presente minuta.

Este debate ocurre en un contexto de violencia y en un momento crítico de terrible descomposición social y política, marcado por la militarización del país y las recurrentes violaciones a derechos humanos. Ocurre también con la existencia de instituciones pretendidamente dedicadas a la protección de derechos humanos incapaces de hacerlo y sin real autonomía con respecto al poder al que deberían, primeramente, vigilar. En un momento en que, como se ha denunciado aquí, se extiende la inhumana práctica de criminalizar la protesta social. En que oficinas como las del Secretario de Gobernación dice preocuparse por el llamado de atención que desde Ginebra se expresa por el retraso de México en realizar esta reforma constitucional de derechos humanos y todavía ayer recurre a la vulgar práctica de poner celadas a movimientos sociales como lo hicieron sus funcionarios al citar a dirigentes campesinos que, de buena fe quieren dialogar en torno a sus demandas, en un café para entregarlos en un aparatoso operativo a la policía. Con esos antecedentes me preocupa que la reforma que seguramente hoy será aprobada, incluyendo algunos aspectos legítimos y positivos que tradicionalmente hemos demandado, se convierta en una pantalla que oculta una realidad represiva y autoritaria que no se modifica sino que se refuerza, bajo el argumento conformista de que “hasta aquí se logró” y de que es mejor poco que nada. El problema no es, como ya sé que me dirán, la disyuntiva del todo o nada, sino de que el poco sirva como propaganda para pretender ocultar esa realidad represiva y autoritaria, propia de un estado policiaco que se va imponiendo en la realidad. Un estado policiaco en vez de un Estado garantista de derecho, con cara lavada por una reforma que nombra al primer capítulo de su Constitución como el de los derechos humanos.

Lo anterior en un proceso que se pretende culminar con la minuta que ahora se discute; reconozco que la misma presenta algunos avances, como la adopción parcial en nuestro orden constitucional de los últimos avances del derecho internacional de los derechos humanos, el reconocimiento del derecho al asilo o la abolición de la arbitrariedad para expulsar a personas extranjeras de nuestro país, como propusimos en su momento.

De igual modo, resulta positiva la introducción de los derechos humanos como parámetro en la conducción de la política exterior, aunque considero que la misma debe buscar justamente la promoción de los derechos fundamentales y no debe nunca ser pretexto para mermar o incluso violentar otros principios igualmente valiosos en la misma función, como lo es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, entre otros. Pienso que para este caso la hermenéutica constitucional permitiría elaborar una ponderación axiológica que haga prevalecer el principio más adecuado en cada situación particular donde haya un conflicto entre los mismos. No debe servir como pretexto para subordinar la política mexicana a los designios de potencias imperialistas que hipócritamente afirman defender derechos humanos y realizan invasiones, masacran pueblos y no solamente violan la soberanía nacional de otros pueblos, sino que extienden y generalizan la violación a los derechos humanos.



Otro tema igualmente relevante es el del establecimiento de un núcleo duro e irreductible de derechos que no pueden ser suspendidos, aún para enfrentar las situaciones de emergencia que refiere el artículo 29 constitucional. En general estoy de acuerdo con imponer esas restricciones. El primero de ellos tiene, sin embargo, una redacción ambigua. El derecho a la vida se ha convertido en un lema de aquellos que se oponen al derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. En el contexto del artículo 29, por supuesto, entendemos que el derecho a la vida implica que en ninguna situación de emergencia se justifican las ejecuciones, los asesinatos, la desaparición forzada, todas esas prácticas inhumanas que por cierto vemos estos días en lugares como Ciudad Juárez o Monterrey para mencionar solo 2 casos en que se ejecuta a civiles, generalmente jóvenes o pobres, acusados falsamente de pandilleros o delincuentes, lo que de ser cierto tampoco hubiera justificado tales crímenes. Por eso me preocupa dejar asentado, en caso de que tal redacción no sea modificada para hacer explícita nuestra oposición a esas ejecuciones y asesinatos, el que el sentido de los legisladores actuales va en esa dirección y no en otra que, mañosamente, en el futuro se le quisiera dar. Debe darse al derecho a la vida ese sentido preciso sobre todo porque en los últimos años algunos sectores han querido contraponerlo a la despenalización del aborto, aún y cuando la Suprema Corte ha resuelto que la misma es constitucional. La no suspensión del derecho a la vida no debe interpretarse para contravenir el criterio que al respecto fijó ya el Tribunal Constitucional. Lo que busca esa adición es proscribir las ejecuciones aún durante una situación de emergencia, pero nada indica que deba orientarse hacia la conculcación del derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria.



Sin embargo, los avances de la reforma son insuficientes ante la gravedad de los atropellos del poder público desde hace ya varios años; ¿cómo enfrenta esta reforma las muertes de personas inocentes víctimas de la presencia militar en las calles haciendo lo que la propia constitución les prohíbe? ¿cómo atiende impunidad que provoca el fuero militar? ¿Qué les responde a las miles de personas que víctimas de un abuso del poder encuentran un órgano ineficaz para lograr un respeto pleno a los derechos humanos, pero que en cambio resulta sumamente oneroso para las finanzas nacionales?



Esas preguntas me llevan a afirmar que la reforma no toca instituciones autoritarias como el propio fuero de guerra, el cual bajo su actual estructuración ha permitido que cualquier delito que pueda definir la legislación común, se convierte en militar por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las fuerzas armadas, permitiendo que el fuero de guerra se convierta en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento de la igualdad ante la ley y del principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario, según el artículo 21 constitucional. Nuestra iniciativa proponía abiertamente eliminar ya ese anacrónico fuero de guerra.

No se atiende la iniciativa que propone derogar tanto el subsistema de excepción para la delincuencia organizada, el cual suprimió de manera injustificada las garantías procesales de las personas acusadas de delitos relacionadas con aquella, como el arraigo, que es en realidad una forma de detención preventiva de carácter arbitrario ocasionada por un insuficiente control jurisdiccional. Es parte de las contradicciones que representa esta iniciativa y que pretendíamos combatir en nuestra propuesta: por un lado se eleva a carácter constitucional los derechos humanos y por el otro se vienen aprobando reformas como la llamada reforma judicial que limitan tales derechos.

En fin, tampoco atiende la propuesta de introducir, en lugar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la figura del Defensor del Pueblo, el cual sería titular de la acción de amparo contra la violación de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales. Proponer que la CNDH pueda iniciar denuncias penales ante violaciones a derechos humanos o recomendaciones no atendidas, que de todos modos ya está incluido en su ley orgánica, es un regreso al origen del problema. Si las instituciones defensoras de derechos humanos se crearon por las insuficiencias del sistema de justicia, ahora se propone que puedan recurrir a ese sistema de justicia para lograr que sus recomendaciones sean atendidas. Es una prueba más del fracaso e inutilidad de la CNDH y la necesidad de un cambio radical como el que propusimos de sustituir a la misma por el Defensor del Pueblo.

Estas insuficiencias son aún más preocupantes porque al parecer ésta es la única reforma que sobre derechos humanos se aprobará en esta legislatura, pretendiendo que con la misma se atienden los graves problemas y demandas que sobre el particular existen. No puedo aceptarlo; todo el dolor y los atropellos que producen tanto autoritarismo como la falta de control en el ejercicio del poder, me llevan a reservarme el derecho de seguir impulsando una reforma integral sobre derechos humanos.



Muchas gracias.