Detención y deportación ilegítimas de personas con discapacidad en EU

Difusión Cencos

Las personas con discapacidad mental, entre ellas ciudadanos estadounidenses, corren un mayor riesgo de ser deportadas de manera errónea por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, porque los tribunales no garantizan audiencias justas para los que no pueden representarse a sí mismos, señalaron Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un informe conjunto publicado hoy. Las organizaciones instaron al Congreso a que apruebe leyes que exijan la asignación de abogados a todas las personas con discapacidad mental que comparezcan en los tribunales de inmigración.

El informe de 98 páginas, “Deportation by Default: Mental Disability, Unfair Hearings, and Indefinite Detention in the US Immigration System” (”Deportación por defecto: Discapacidad mental, audiencias injustas y detención indefinida en el sistema de inmigración de EE UU”) señala que los inmigrantes con discapacidad mental suelen ser detenidos injustificadamente durante años, a veces sin límites legales. El informe documenta reiteradas situaciones en las que no se permitió que personas con discapacidad mental presentaran argumentos contra su deportación (incluso demostrando su ciudadanía estadounidense) porque no podían representarse a sí mismas. Algunas de las personas entrevistadas para el informe no sabían su propio nombre, tenían delirios, no podían determinar el tiempo y no sabían que la deportación significaba la expulsión de Estados Unidos.

“Poco aspectos de la legislación estadounidense son tan complicados como la deportación y, sin embargo, cada día tienen que comparecer ante los tribunales personas con discapacidad mental sin abogados ni ninguna salvaguardia que garantice una audiencia justa”, señaló Sarah Mehta, becaria Aryeh Neier de Human Rights Watch y la ACLU. “Algunos padecen una discapacidad tan grave que no saben sus propios nombres ni qué es un juez”, agregó.

Al menos 57,000 de los inmigrantes detenidos y que enfrentaban deportación en 2008 (15 por ciento del total) sufrían de alguna discapacidad mental. Conforme a la legislación y la práctica migratorias vigentes, los detenidos por infracciones de inmigración no tienen derecho a un abogado de oficio ni a otras salvaguardias, como evaluaciones de su competencia para someterse a un juicio justo durante el proceso de deportación, señalaron Human Rights Watch y la ACLU. Aunque algunas personas reciben representación gratuita de organizaciones de servicios legales o pueden pagar a un abogado con ayuda de sus familias, la gran mayoría no podrán nunca costearse ni encontrar a un abogado, por lo que corren el riesgo de una detención prolongada y posiblemente indefinida.

Por ejemplo, un residente permanente legal que llevaba 40 años en Estados Unidos que no podía recordar su fecha de nacimiento o por qué estaba tomando medicinas podría ser deportado a México. Cuando fue entrevistado por la autora del informe en un centro de detención de Texas, dijo que quería la ayuda de un abogado.

“El juez sólo me da prórrogas para ver si puedo conseguir un abogado… Es difícil porque algo está mal en mi cabeza, y me cuesta trabajo saber qué decirle”, dijo. Cuando le preguntó por su discapacidad mental, contó que había recibido varios impactos de bala en la cabeza y algunas balas seguían alojadas dentro: “Creo que tuve que haber muerto porque recuerdo que vi a niños con alas”.

Cuando le preguntó por su discapacidad mental, contó que había recibido varios impactos de bala en la cabeza y algunas balas seguían alojadas dentro: “Creo que tuve que haber muerto porque recuerdo que vi a niños con alas”.

El informe de Human Rights Watch y la ACLU documenta los casos de 58 personas con discapacidad mental que se enfrentan a la deportación y están detenidas en Arizona, Texas, California, Florida, Illinois, Wisconsin, Carolina del Sur, Pensilvania y Virginia. La mayoría son residentes permanentes legales en Estados Unidos que se enfrentan a la deportación por delitos penales no violentos, como allanamiento o posesión de drogas. Muchos de ellos estaban recibiendo tratamiento psiquiátrico en la comunidad antes de ser arrestados por el ICE. El informe revela cómo los inmigrantes e incluso los ciudadanos estadounidenses con discapacidad mental están especialmente expuestos a las redadas de inmigración.

“Nadie sabe qué hacer con los detenidos con discapacidad mental, por lo que todos los componentes del sistema de inmigración han eludido esta responsabilidad”, señaló Mehta. “El resultado es que las personas languidecen durante años mientras sus expedientes (y sus vidas) se transfieren de un lugar a otro o quedan paralizados indefinidamente”, agregó.

Human Rights Watch y la ACLU señalaron que el 26 de julio de 2010 se cumple el vigésimo aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad y un año desde que el presidente Barack Obama firmó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Departamento de Justicia de EE UU y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración deben honrar el espíritu de dichos compromisos y desarrollar procedimientos para garantizar la identificación de las personas con discapacidad mental y que estas reciban asistencia durante sus procesos, señalaron Human Rights Watch y la ACLU. El ICE debe revisar las políticas existentes para que la detención de inmigrantes con discapacidad mental no sea arbitraria ni indefinida.