El control de las frecuencias en manos de los principales grupos políticos y económicos ha impuesto serias barreras de entrada a nuevos actores, consecuencia de un Estado débil que sucumbe a las presiones de dichos grupos.
Miércoles 03 de noviembre de 2010 Aleida Calleja | El Universal
Después de la histórica visita de los dos Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA a México y de su informe preliminar con sus primeras impresiones después de haber hablado con múltiples actores de la sociedad civil, medios, autoridades gubernamentales, periodistas y organismos autónomos, nos queda claro que la agenda de libertad de expresión tiene todavía grandes pendientes, todos ellos urgentes y necesarios.
Entre los puntos más relevantes, además de la vergonzante situación de asesinatos y ataques a periodistas y medios de comunicación, fueron aquellos referidos a la pluralidad y diversidad en la radiodifusión, pues sigue existiendo una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación en unas cuantas manos, lo cual afirmaron “pone en riesgo la viabilidad democrática del país”. Al respecto instaron al Ejecutivo y al Congreso acciones concretas para desconcentrar el sector y a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.
El control de las frecuencias en manos de los principales grupos políticos y económicos ha impuesto serias barreras de entrada a nuevos actores, consecuencia de un Estado débil que sucumbe a las presiones de dichos grupos. El resultado es una política de exclusión que priva a nuestra sociedad de conocer necesidades y propuestas de quienes no han tenido la oportunidad de acceder, en igualdad de condiciones, al debate democrático en los medios. Su consecuencia es la supresión de voces diversas, semejante al efecto que produce la censura: el silencio.
En ese silencio es que durante décadas se ha mantenido a la radiodifusión comunitaria en México, al negar sus existencia en la ley de radio y televisión, al imponerles procedimientos administrativos para acceder a las frecuencias que rebasan en mucho las capacidades de las comunidades y grupos ciudadanos. Al negarles también a las comunidades indígenas las facilidades para contar con sus propios medios, derecho reconocido en el artículo 2º constitucional, pero que en la práctica es un derecho papel.
La Secretaría de Gobernación reconoció ante los relatores que en país está pendiente la aplicación de un marco jurídico que incluya expresiones como las radios comunitarias. Queda pendiente saber si el gobierno federal hará acciones concretas y les dote de certeza jurídica basada en las mejores prácticas, sin ceder a las presiones de grupos que aspiran se aplique lo que se le denomina las tres P’s: que sean pobres, pocas y pequeñas.
Las celebraciones del bicentenario de la independencia, porque del centenario de la revolución mucho menos se habla, no incluyen un ambiente festivo para la libertad de expresión en estos tiempos aciagos para el ejercicio periodístico y para el acaparamiento del espectro, ahora no sólo de la radio y la televisión, sino también de aquel utilizado para las telecomunicaciones, como lo muestra la controvertida licitación 21.
Algunos legisladores han manifestado la necesidad de incluir en el próximo periodo de sesiones una nueva normativa en radio, televisión y telecomunicaciones, la pregunta es ¿Serán tomada la radiodifusión comunitaria? Veremos si el legislativo tiene la capacidad para no doblegarse a las presiones para no sólo proponer, sino aprobar una ley que democratice el concentrado modelo mediático actual. Veremos si el Ejecutivo muestra esa misma capacidad.
Dudando que así sea, pues la historia reciente nos muestra lo contrario, ¿qué se esperaría respecto al sector comunitario en una nuevo marco legal de radiodifusión? Uno preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos claros, sencillos y equitativos para la obtención de frecuencias, y no imponga límites discriminatorios en su financiamiento y alcance. Una reserva de frecuencias que logre equilibrar las asimetrías entre el sector comunitario, público y comercial, que permita la diversidad de voces, la pluralidad informativa, piedras angulares de cualquier democracia.
Mirando hacia el futuro a lo que se aspira es una visión de Estado que garantice la libertad de expresión, a un proceso de digitalización como oportunidad para nuevos actores para un debate público plural, no este proceso desaseado, opaco, que hemos visto con el decreto presidencial de transición a la televisión digital, que afirma aportará a la pluralidad pero no dice cómo ni cuándo. Mucho bombo para el apagón analógico y transitar a la televisión digital, pero como diría el clásico: ¿Y la pluralidad a’pá?
Aleida@laneta.apc.org
Vicepresidenta Internacional de la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias.
