Alberta y Teresa saldrán del penal hoy mismo

Las queretanas otomíes quedarán en libertad una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunique, vía telegrama, al juez, de su resolución

Las queretanas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio saldrán este mismo miércoles del penal femenil de San José el Alto, en Querétaro, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comunique, vía telegrama, al juez, de su resolución.

Lo anterior fue confirmado por el gobernador José Calzada Rovirosa, quien se dijo muy contento por la resolución de la Corte, de decretar la libertad inmediata de las mujeres, quienes fueron acusadas de manera irregular.

“Ha sido una lucha de muchos años; una lucha muy complicada y que en esta ocasión, con la participación de la SCJN, del Senado de la República, de los medios de comunicación, de la sociedad civil y de muchas organizaciones nacionales e internacionales, se logró la liberación de estas dos compañeras detenidas irregularmente”, dijo el mandatario.

Entrevistado una hora después de que el pleno de ministros de la SCJN decretaran la liberación de ambas mujeres, Calzada recordó cuando habló con el presidente de la Corte.

“Le dije: ‘señor presidente: en México no solamente debemos de aprehender a los delincuentes, sino también liberar a los inocentes, y las dos compañeras que están presas en un penal de Querétaro son inocentes. Ellas no cometieron el delito por el cual se les está acusando, por lo cual le pido, a nombre de todos los queretanos, que la Suprema Corte atraiga el caso y ahora tenemos la buena noticia de que alcanzan su libertad”.




Calzada Rovirosa afirmó que apenas emitida la resolución de la SCJN, que deja en libertad a Teresa y Alberta, habló con Gabriel –el esposo de Teresa y hermano de Alberta- para compartir la información de su libertad.

Gabriel salió de su casa, en Amealco de Bonfil, alrededor de las 14:00 horas de este miércoles rumbo al penal queretano, para esperar a la salida del mismo, a su hermana y esposa.

El gobernador afirmó que este caso “fue un acto de total injusticia que trastocó la vida de las dos mujeres, aunque también con esta resolución de la SCJN, se reivindica a los pueblos indígenas en México y nos obliga a los gobernantes a estar más atentos en cuestiones de justicia y de pobreza”.

Teresa y Alberta estuvieron en cautiverio desde agosto del 2006, acusadas del secuestro de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, junto con Jacinta Francisco Marcial, también indígena otomí.

Esta última salió del penal el pasado 16 de septiembre del 2009.

Amnistía Internacional adopta a Jacinta como Presa de Conciencia

Adoptada como presa de conciencia una mujer indígena acusada de secuestro: AI

Amnistía Internacional ha adoptado hoy, 18 de agosto de 2009, como presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial, mujer de 46 años condenada injustamente a 21 años de prisión, y ha pedido a las autoridades mexicanas que la dejen en libertad de inmediato y sin condiciones. Madre de seis hijos, Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, se encuentra encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006.

Comunicado de Prensa - Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha adoptado hoy, 18 de agosto de 2009, como presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial, mujer de 46 años condenada injustamente a 21 años de prisión, y ha pedido a las autoridades mexicanas que la dejen en libertad de inmediato y sin condiciones.

La organización ha manifestado que a Jacinta se le negó un juicio justo y que está encarcelada debido únicamente a su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

Madre de seis hijos, Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, se encuentra encarcelada en el Centro de Readaptación de San José El Alto desde agosto de 2006.

Se la acusa del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de México, quienes aseguran que ella y otros vendedores de los puestos del mercado de la plaza de Santiago Mexquititlán los tomaron como rehenes en marzo de 2006 durante una operación contra vendedores de DVD “pirata”.

“El caso de Jacinta es un escándalo –ha manifestado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México–. Es una farsa de administración de justicia y un claro ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas.”

“Lo que le ha ocurrido a Jacinta demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables –ha añadido Rupert Knox–. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social.”

El 26 de marzo de 2006 entraron en el mercado central de Santiago Mexquititlán seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones vestidos de civil, que decían estar realizando una operación de búsqueda de drogas y DVD “pirata”. En medio de la tensión consiguiente, los agentes intentaron confiscar productos del mercado, y los vendedores les pincharon los neumáticos de algunos de sus vehículos.

Según la comunidad local, la protesta acabó el mismo día, tras ir el jefe de la policía regional a una localidad vecina a buscar fondos con que indemnizar a los vendedores por los daños causados a sus mercancías. Esa noche, los seis agentes presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, alegando que las personas participantes en la protesta los habían tenido secuestrados varias horas.

Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta fue detenida y conducida a la Procuraduría General de la República. En ese momento, le dijeron que iban a hacerle unas preguntas sobre un árbol cortado, así que hasta que no la llevaron a la prisión no se enteró de que estaba acusada, junto con otras dos mujeres, del secuestro de los agentes.

La única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los participantes en la protesta. En sus declaraciones originales, del 27 de marzo de 2006, los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones no mencionaron en ningún momento a Jacinta Francisco Marcial. Fue un mes después, al mostrarles dicha fotografía, cuando la acusaron de haber tomado parte en el presunto delito. Jamás se ha presentado ninguna otra prueba de su participación en el incidente, y durante el juicio no se pidió en ningún momento a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta.

En aquel momento Jacinta hablaba muy poco español y no entendía lo que ocurría. No se le proporcionó ningún intérprete, y su abogado de oficio no habló nunca con ella para explicarle su derecho de defensa. Jacinta afirma que el letrado se limitó a permanecer sentado en un rincón de la sala, sin decir nada, cuando la obligaron a firmar unos documentos que no entendía.

Hablando con una persona enviada por Amnistía Internacional para investigar el caso y que fue a verla a la prisión, Jacinta dijo: “La primera noche en mi celda estaba lloviznando y hacía mucho frío y con las rejas todas abiertas y todo, y en ese momento sí sentí mal porque yo no hice nada y por qué me hacen esto y estoy en la cárcel y nunca había hecho nada. Y sí en ese momento lloré, lloré y dije “¿ahora qué?”. Y cuando escuchaba las puertas que se abrían dije ojalá que me dejan ir, y yo me paraba y veía en la puerta a ver si alguien me iba a dejar ir, y no”.

El 17 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que había habido graves irregularidades y pruebas falsas en el juicio de Jacinta. La mujer continúa en prisión a la espera del resultado de un nuevo juicio.