lunes, septiembre 26, 2011

Contra los casinos "Enséñame un apostador y te enseñaré un perdedor"

Denise Dresser

Hace unos años, en torno al tema de los casinos, cite a Mario Puzo: "Enséñame un apostador y te enseñaré un perdedor". Pues los países también apuestan y también pierden y México lo ha hecho, como el caso del Casino Royale revela.

Al abrir la puerta a los casinos, el gobierno ha abierto la puerta del gallinero a los zorros. Al arrojar los dados a favor del juego, los ha tirado cargados contra los mexicanos. Porque los beneficios han llenado los bolsillos de la casa y los perjuicios han vaciado los bolsillos de quienes acuden a jugar en ella. Porque los empleos creados han palidecido frente a los crímenes cometidos. Porque los impuestos cobrados han sido a costa de las adicciones generadas. Con casinos, México se ha convertido en un país de perdedores.

En México no ha habido un debate amplio y profundo sobre los casinos y sus consecuencias. En México no se ha promovido una decisión informada. En México ha prevalecido la prisa. Ha prevalecido la premura. Ha prevalecido el deseo de tomar decisiones a puerta cerrada y de espaldas a la sociedad. La opacidad y la discrecionalidad detrás del otorgamiento de concesiones para los casinos y su regulación alimentan la sospecha. Alimentan la percepción de complicidades costosas para el país y quienes lo habitan. Alimentan la percepción de alianzas entre los que hacen dinero y los que quieren elegirse con él. Alimentan la visión de diputados que venden su voto y de empresarios dispuestos a comprarlo.

Porque la prostitución -igual que el juego clandestino-- también existe pero nadie habla de legalizarla. Porque el tráfico de drogas -igual que los "brincos" en Las Lomas- también existe pero nadie habla de legalizarlo. Nadie lo propone porque pocos lo aceptarían. Porque hoy se percibe que los perjuicios serían mayores que los beneficios.

Y los casinos han salido caros. Para cada empleo creado, hay muchos más perdidos. Para cada casino instalado, hay muchos más hoteles y restaurantes y discotecas cerradas. Para cada extranjero que juega, hay muchos más mexicanos que pagan costos al hacerlo.

Para cada nuevo impuesto recolectado, hay muchos más evaporados por los otros comercios que han dejado de funcionar. Para cada dólar jugado, hay muchos más lavados. Para cada individuo que gana en el casino, hay muchas más familias que pierden el patrimonio de la casa. Para cada dueño de casino que hace una fortuna, hay miles de mexicanos que merman la suya en la mesa de juego. Para cada apostador adicto, hay un robo nuevo, una prostituta nueva, un extorsionista nuevo, un crimen nuevo.

Los estudios en otros países lo demuestran. Los datos duros lo revelan. En Estados Unidos, en los condados donde se instala el juego, aumenta el índice delictivo. En los condados donde se permite la operación de casinos, aumenta el lavado de dinero. En los condados donde se promueven las apuestas, aumenta el número de prostitutas.

En esos condados hay más bancarrotas familiares y más cuentas incobrables y más impuestos evadidos y más falsificación de documentos y más fraudes y más prostitución infantil y menos Estado de Derecho. Menos ley. Menos ciudadanos dispuestos a obedecerla. Porque el peso del dinero se está sobre el peso de la ley. Porque el dinero habla. Porque el dinero impone silencio: el silencio de la complicidad compartida frente a la voz de la autoridad establecida.

Los países que permiten casinos lo saben. Y por ello cuentan con sistemas eficaces de fiscalización. Cuentan con instituciones judiciales que vigilan, que acechan, que controlan, que sancionan. Cuentan con policías honestos y jueces incorruptibles y sistemas financieros sólidos y métodos para evitar el lavado de dinero. Cuentan con manos duras para prevenir prácticas malolientes.

Cuentan con todo aquello que México no tiene y le está costando trabajo crear. En México se lavan miles de millones de dólares al año. En México los cuerpos policiacos con frecuencia se convierten en los principales perpetradores.

En México el poder del Estado con frecuencia sucumbe frente al poder del crimen organizado. En México el dinero de los intereses especiales afecta los resultados electorales. En México la prostitución infantil ocupa el quinto lugar en el mundo. En México la inseguridad va en aumento y la ansiedad ciudadana también.

Frente a esa realidad que quienes promueven el juego preferirían ocultar, la expansión de casinos le echa leña a la hoguera. Rocía napalm sobre la población. Le entrega el país a las mafias que quieren apropiarse de él. Debilita, día con día, un Estado de Derecho que ya vive en jaque. Empodera a quienes no piensan en la ciudadanía sino en cómo extraer más recursos de ella. Porque los casinos viven de las ganancias para pocos y las pérdidas para muchos. Porque los casinos son una fuente de recaudación para los políticos pero constituyen un impuesto regresivo sobre los pobres. Porque los casinos se han instalado en ciudades como Monterrey y exacerban la criminalidad que ya padecen.

En esencia, las preguntas en torno a los casinos tienen que ver con el tipo de país que México quiere ser. El tipo de país al que aspira. País de trabajadores o país de jugadores? País que entiende las consecuencias sociales -y criminales- de los casinos o país que actúa como si no existieran? País donde los políticos controlan las reglas del juego o país de mafias que las manipulan? Frente a estas preguntas relevantes hacen falta respuesta sensatas. Frente a estas interrogantes hacen falta políticos dispuestos a contestarlas. Antes de seguir arruinando al país, hace falta que alguien apueste en su favor.

sábado, septiembre 17, 2011

Ex cajera de la CFE lleva 50 meses en prisión por denunciar fraude

La ex empleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que descubrió y denunció un fraude en contra del patrimonio de esa empresa cumplió 50 meses en prisión. A la fecha espera sentencia en un juicio que ha ido y venido por los intrincados caminos del sistema de justicia.


Qué paradoja: aquéllos que en verdad han defraudado a la empresa, que recibieron sobornos, gozan de cabal libertad, dice el abogado Alejandro Ortega. El especialista representa a María Elena Guerrero Escamilla, ex cajera de la CFE que en junio de 2007 denunció un fraude contra el patrimonio de la empresa por 308 millones de pesos, realizado mediante transferencias electrónicas desde las cuentas bancarias de la empresa con el banco HSBC.

María Elena está bastante desesperada, cuenta el abogado en una entrevista con La Jornada. No sabe cuánto más va a durar esta situación; estuvo enferma de los pulmones y fue llevada a un hospital, relata Alejandro Ortega.

El caso en que está involucrada María Elena Guerrero Escamilla comenzó en junio de 2007. Guerrero, ex cajera en la CFE, encontró una mañana que desde su computadora y con el uso de su contraseña habían realizado transferencias desde una cuenta de la CFE en el banco HSBC. Ella detuvo las transacciones, que habían sido hechas bajo el concepto de pago de nómina, rubro que no se cubría desde esas cuentas, y denunció el hecho a sus superiores.

La noche posterior a que denunció las transacciones, una persona o personas no identificadas hasta ahora robaron el disco duro –donde se almacena toda la información– de esa computadora. El caso enfrentó en tribunales a la CFE y a la filial en México del banco inglés HSBC.

En una primera instancia, la firma financiera fue deslindada de cualquier responsabilidad jurídica en el fraude. En una segunda instancia, el magistrado José César Flores Rodríguez, del segundo tribunal unitario en materias civil y administrativa, sentenció que hubo fallas en los sistemas de control del banco durante al menos cuatro años (entre junio de 2003 y junio de 2007). Estas fallas hicieron posible –según la sentencia– la realización indebida de 226 transacciones con cargo a la cuenta de la CFE por un monto de 275 millones 248 mil 134.60 pesos y que fueron autorizadas irregularmente por el banco. HSBC interpuso un amparo contra esa sentencia.

La lucha en tribunales entre la CFE y el HSBC recorre un camino por los juzgados en el que se enfrentan la cuarta empresa del país por volumen de ventas y uno de los cinco bancos más grandes que operan en México.

Laberinto legal

La mujer que denunció el fraude contra la empresa, que fue la primera que lo detectó y lo hizo del conocimiento de sus superiores, sigue presa. María Elena Guerrero Escamilla fue sentenciada inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión, es decir, a 54 meses de cárcel. Ha cumplido ya 50 meses internada en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, en el oriente del Distrito Federal. Sigue en espera de sentencia por una indefinición de competencias entre los fueros común y federal, según explicó su abogado a este diario.
Precisa: María Elena ha sido sentenciada dos veces. En la primera, a cuatro años y medio de prisión, pero el magistrado ordenó reponer el procedimiento bajo el argumento de que las conclusiones del proceso estaban mal hechas. Pidió al Ministerio Público Federal que las ratificara o rectificara. Las conclusiones fueron rectificadas y se emitió otra vez una sentencia a cuatro años y seis meses de prisión.

Esa sentencia, abundó, pasó a un tribunal unitario. Y ahora existe una falta de definición: el magistrado de un tribunal unitario se declaró incompetente para dictar sentencia, con el argumento de que el delito no era federal sino del orden común. Pasó al fuero común y allí se dijo que era de jurisdicción federal. El expediente fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser turnado a un tribunal colegiado.
Ahora se encuentra precisamente en el cuarto tribunal colegiado, a cargo de la magistrada Elvia Díaz de León, quien debe decidir si se trata de un caso del fuero común o federal. Por lo pronto, en los hechos, María Elena no tiene sentencia, precisa su abogado.

El abogado Alejandro Ortega espera que esa indefinición dure quizá un mes más. Si se considera finalmente como caso del fuero federal, será remitido al primer tribunal unitario; o, si finalmente es llevado al fuero común, al juzgado 18.

Si el caso es llevado al fuero federal, el tribunal unitario simplemente dicta una sentencia. En cambio, si es considerado del fuero común, el juzgado inicia el procedimiento de juicio y posteriormente emite una sentencia, apunta.

El laberinto en el que se halla María Elena Guerrero Escamilla, dice su abogado, contrasta con el trato a otras personas involucradas en casos de corrupción en la CFE. Pone como ejemplo concreto a Néstor Moreno, ex director de operaciones de la empresa bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub, quien dejó el puesto hace unos meses.

Moreno fue acusado en Estados Unidos de recibir sobornos en metálico por beneficiar con contratos de la CFE a una empresa llamada Lindsey Manufacturing. También le pagaron por esas prácticas con un yate y un automóvil Ferrari. La policía lo detuvo hace un par de semanas y no estuvo más de 12 horas en prisión. Su paradero ahora es desconocido.

El de los sobornos goza de cabal libertad. En cambio, María Elena, que se sentía una heroína por haber descubierto y denunciado un fraude, está en la cárcel a la espera de una sentencia, comentó el abogado Alejandro Ortega.

Antes de ser detenida en julio de 2007, María Elena Guerrero Escamilla había cumplido 20 años de servicio en la CFE. De 58 años de edad, era el sostén económico de sus padres. En 2003, recibió la medalla Adolfo López Mateos, en reconocimiento a sus servicios en la empresa eléctrica.

Estamos ante una injusticia. No se ha valorado que ella detuvo un fraude y sólo le han pagado con la cárcel. Los culpables están dentro de la empresa, aseguró el abogado Alejandro Ortega.

viernes, septiembre 02, 2011

Boletin de CADHAC en relacion a violacion a DH de familia Acosta de Apodaca NL


La familia Acosta, otra víctima de los abusos de la marina 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) está profundamente consternada por el ataque que sufrió la familia Acosta en la madrugada del día 1º de septiembre en Apodaca, Nuevo León, cuando elementos de la Secretaría de Marina ingresaron violentamente a su casa, mataron a Gustavo Acosta de (31 años) y detuvieron a Daniel Acosta (19 años)
Tomando en cuenta la versión por parte de la hermana del occiso, dada a los medios de comunicación justo después de los hechos, en la que manifiestó que elementos de la Marina llegaron a su casa gritando que abrieran la puerta, estando su papá y su hermano en el piso de abajo, y que tan pronto el hermano abrió la puerta, fue agredido y muerto a balazos, así como las declaraciones de diversos vecinos en el sentido de que los familias no eran delincuentes, CADHAC considera que:
  • El ingreso a los domicilios por parte de las Fuerzas Armadas y la Marina, están violentando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
  • Del testimonio se desprende una probable Ejecución Extrajudicial por parte de la Marina Armada de México.
  • Este tipo de actos deleznables, son cada vez más frecuentes, por lo que urge se actúe dentro del marco legal vigente.
  • Cualquier persona que se presuma sea responsable de un hecho delictivo, debe ser sancionada conforme a derecho, y de ninguna manera sometida a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la privación de cualesquiera de sus derechos, incluido el derecho a la vida.
Por lo anterior exigimos de inmediato:
  • Presentación de la persona detenida ante la autoridad civil correspondiente.
  • Presentación por parte de los marinos de la orden de cateo y la orden de arresto con las que debieron contar antes de pretender ingresar a un domicilio privado.
  • Una explicación pormenorizada sobre el uso de la fuerza letal y las causas y los procedimientos de arresto que utilizaron en esta acción.
  • Que se investiguen los hechos, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se sancione a los responsables en procedimientos ante juzgadores de orden civil, no militar.
  • Se garantice la integridad jurídica, física y psicológica de toda la familia Acosta.
CADHAC exige que la Secretaría de Marina haga pública la información sobre esta acción. Esta organización quiere recordar que de conformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010, la Marina no es competente para procesar a sus elementos en casos como estos, por lo que el Ministerio Público debe asumir su competencia e investigar cuidadosa y profesionalmente, y el caso debe ser resuelto por tribunales civiles, no por instancias militares.
No es la primera ocasión que los elementos de la Marina Armada de México matan inocentes en el marco de la estrategia federal contra el crimen organizado. Estos actos son indignantes e inadmisibles en una sociedad democrática. CADHAC aboga por un cambio de estrategia que respete auténticamente el Estado de derecho y los derechos humanos de todas las personas.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Cadhac Derechos Humanos, el Viernes, 02 de septiembre de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Silencio

Ximena Peredo Hay que ser valiente para no creerse el cuento de los quesos oaxaqueños porque advirtiendo -ya no sospechando- que somos rehenes de los negocios privados de "las autoridades", el resto del teatro se cae a pedazos. Y eso nos da pavor. La política vende palabras. El miedo es la materia prima de este negocio, pues la gente aterrada compra ilusiones. Un hermano aterra, el otro vende falsas ilusiones. El tele-pueblo los enriquece a ambos al impulsar sus negocios creyendo que defiende a su Ciudad. ¡Más seguridad, más armas, más soldados! Qué bien va todo. Fernando y Jonás Larrazabal son apenas un botón de muestra. Ante el derrumbe de los mercados financieros, los políticos-empresarios están decididos a saquearlo todo. Tomaron las oficinas públicas para hacer sus negocios sin ningún tipo de concesión. Natividad González Parás y Luis González Parás abandonaron la escena cuando el público aplaudía ya con un gesto de suspicacia. La élite política se está repartiendo nuestra Ciudad y nosotros, tontos, les estamos creyendo que es por nuestro bien refugiarnos en nuestras casas, calladitos y con el corazón desbocado. Ante la tragedia en el Casino Royale, el Estado mexicano contestó enviando 3 mil soldados a las calles de Monterrey. Mucha gente lo celebró de buena fe, pero también por crédula, porque lleva muchos años replicando las opiniones de otros, pero no se ha comprometido en formar su propia opinión. Carlos Monsiváis dijo que la opinión pública en México estaba muerta y hoy esta incapacidad nos condena a un inminente Estado de excepción. Entérese que los soldados y los marinos son obreros que trabajan para un patrón. Entérese pronto. Tenemos muy poco tiempo para caer en cuenta de que no existen los dioses del Olimpo. No hay nadie allá arriba, en la torre, velando por nuestra seguridad. Los políticos menos peligrosos gastan su tiempo frente al espejo, viendo qué perfil les favorece más. Los peligrosos están rompiendo las leyes como auténticos criminales. Tampoco hay tiempo para comprar el patético papel de víctimas. Esto que hoy estamos viendo en el caso Larrazabal lo han venido alertando un puñado de regiomontanos a quienes la sociedad prefirió tachar de conflictivos. Aquí en Monterrey estamos tan programados a resistir maltratos que señalamos a quien protesta y le gritamos: "¡ponte a jalar!". Sentirnos parte de un montón de gente que toma cerveza y ve futbol nos hizo creer que pertenecíamos a un grupo con identidad. Pero la realidad es otra. Yo asistí a la Explanada de los Héroes el domingo pasado, a la concentración convocada por varias organizaciones y encabezada por Ccinlac. Me preguntaba si sería prudente asistir a un evento claramente "renunciantista" que, desde mi opinión, se equivoca creyendo que el problema se reduce a personas incompetentes en puestos claves. Del grupo empresarial es difícil -pero no imposible- que emane un discurso más complejo, que entienda la obsolescencia de un sistema de creencias como el problema de origen. Esto los obligaría a reflexionar sobre qué tanto alimentan y toleran un sistema de privilegios y desigualdades. Por eso se quedan en exigir la renuncia de un personaje -de dos, de tres, de cuatro- que, por otro lado, sólo son parapetos de los verdaderos poderosos. Hemos sido enterados del descontrol que reinó en la concentración del domingo una vez que los organizadores abandonaron la plaza. Pero hay que decir que al menos la mitad de las personas no pudimos irnos. Comenzamos a organizarnos para hacer una fila y compartir por dos minutos el desahogo, las propuestas o las ideas. Las cámaras estuvieron entretenidas viendo a cinco individuos patear la puerta del Palacio, pero muy pocos medios consignaron este ejercicio de casi mil ciudadanos organizados para escucharse durante más de dos horas. Histórico. Ya estoy oyendo que me dicen "muy bien, pero ¿cuál es tu propuesta?". Ahí les va: mi propuesta es bajarnos del escenario de la competencia de "propuestas". No busco seguidores, sino ideas. No traigo prisa. Lo que nos toca es, de verdad, calmarnos. Aceptar que perdimos rumbo y escuchar. Las ideas totalizadoras han fracasado. El que diga que tiene la solución miente. Hagamos silencio.