Este 22 de diciembre se cumplen 14 años de la matanza de Acteal. Ese fatídico día, durante horas, un grupo paramilitar entrenado, armado y protegido por las más altas jerarquías militares, policiacas y civiles de los tres niveles de gobierno, asesinó con toda premeditación, alevosía y ventaja a 45 personas indefensas, en su gran mayoría niños y mujeres, entre ellas, cinco embarazadas, y causó graves lesiones físicas y sicológicas a otras personas que sobrevivieron. La masacre se llevó a cabo en el contexto de una estrategia contrainsurgente o de guerra irregular, cuya parte sustancial de su doctrina castrense se fundamenta, precisamente, en la formación de grupos de civiles afines, o paramilitares.
Durante todos estos años, diversas investigaciones independientes, (que incluyen tesis académicas e informes de organismos de derechos humanos), testimonios de sobrevivientes, actores activos confesos y testigos colaterales, y sobre todo, en el terreno judicial vinculatorio, los resultados de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas, dados a conocer este año, señalaron, sin lugar a dudas, un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia que lograron –en una campaña bien orquestada–, que la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejara en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Acteal. Han sido identificados como autores intelectuales, cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad, por omisión y comisión: Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz Ortiz, Emilio Chauyffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Jorge Madrazo Cuéllar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la séptima Región Militar.
Por mi parte, en mi calidad de presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la PGR, en torno a la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales habría realizado la masacre de Acteal. En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a lideres agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el Ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.”
A partir de la experiencia chiapaneca y el estudio de grupos represivos como la llamada Brigada Blanca, que actuaron en la sombras de la guerra sucia de los años setenta, ochenta y noventa, y que vuelven a resurgir ahora con la guerra de Calderón, definimos a los grupos paramilitares como aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de masacres y actos represivos.
La organización Sociedad Civil Las Abejas, con justa razón, ha cuestionado fuertemente a un grupo que se separa de la misma, y que promueve a través de un bufete de abogados con domicilio en Miami, una demanda en contra de Ernesto Zedillo, a quien se acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad. Se aduce que esta demanda tiene un carácter meramente civil y no penal, y que busca tan solo una reparación económica, que consideran inadmisible. No obstante, no hay que perder de vista que pese a estas limitaciones, la demanda abre un camino para un juicio a un ex presidente, quien, como jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, representa al conjunto de los funcionarios y militares implicados en los graves delitos cometidos. En las pruebas de la acusación, se pueden consultar importantes documentos que comprueban la responsabilidad de numerosos funcionarios y jefes militares y que van más allá de un enfoque conspirativo, en el sentido de que el proceso iniciado –señalan algunos analistas– podría ser maniobra electorera o venganza de personajes turbios como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente. No considero posible que en la lógica de semejantes protagonistas políticos, se pretenda violar la regla no escrita de no tocar, en ningún caso, la sacrosanta imagen de un ex presidente.
Asimismo, la comparecencia de Zedillo ante la justicia, sea esta civil, crea un precedente importante para el curso de la reciente denuncia –firmada por miles de ciudadanos–, en contra de Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
Seguirán repitiéndose masacres como la Acteal en nuestro país –marcado por la violencia– mientras prevalezca la impunidad y se pretenda borrar de nuestra memoria el clamor de justicia.
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